Los ingleses dicen que en la política, el amor se muestra con el presupuesto. La Constitución de 1991 fue generosa descentralizando recursos, participando las regiones con un porcentaje fijo de ingresos de la nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Modificaciones posteriores aumentaron la certeza de recursos, pero recortaron el incremento de los giros. Hoy la brecha es tan grande que volver a la fórmula original quebraría a Colombia. Esto no significa que las reformas deban parar, los recursos se pueden distribuir de manera más equitativa para que rindan más.
Colombia es el país unitario más descentralizado de América Latina y está en el quintil más alto de países OCDE. En 2015, el 65% de la inversión total fue administrada y ejecutada por las regiones (10% del PIB) y los gastos de los gobiernos regionales representaron el 39% de los gastos totales del gobierno general. Eso sí, la falta de desarrollo de sus facultades tributarias y capacidad de recaudo, lleva a que tan solo el 23% del total de ingresos tributarios del país (excluyendo las contribuciones a la seguridad social) sean recursos de las mismas regiones. En otras palabras, somos descentralizados para el gasto, pero centralizados para el recaudo.
Cuando se dispersa la plata regional, las estrictas reglas de gasto hacen que los recursos no se ejecuten en su totalidad. Es el absurdo de financiar el déficit nacional con la no ejecución de recursos territoriales. DNP estima que incrementar la participación del SGP en Propósito General de 11,6% a 23,2%, aumentaría en más del 20% los ingresos de los más pobres. Eso sí, hay que confiar en las regiones, pero verificar.
El sesgo urbano del SGP discrimina la población rural y rural dispersa. Solo en temas como alimentación escolar, cobertura educativa y salud pública se incorporan criterios de ruralidad, con variables como la dispersión poblacional y la oferta del servicio. Se requiere, además de incentivar la inversión de los mandatarios en la zona rural, incluir en la fórmula más indicadores que reflejen las necesidades de esta parte del territorio, para reducir las brechas interregionales e inclusive al interior de los mismos municipios. El sistema de asignación de recursos del SGP, a pesar de tener demasiados criterios de distribución, no refleja la realidad de territorio.
No se pueden seguir asignando competencias subnacionales sin fuente cierta de financiación. La asignación de recursos del SGP no toma en cuenta los criterios de asignación de las otras fuentes que financian las regiones, por esta razón hay poca complementariedad y alta duplicidad en los gastos del SGP con los de regalías, el presupuesto general y los recursos propios de las entidades territoriales.
Se requiere fortalecer la focalización del SGP de gastos de funcionamiento y libre inversión para complementar estrictamente los incrementos en inversión de las otras fuentes y asegurar su sostenibilidad. Esto debe ir de la mano con el aumento de la base del SGP, pero las mayores transferencias se deberán atar a mejores resultados. Un tema olvidado en debates de corrupción es el de la pertinencia. Mucho haríamos si las reglas generales de oficinas Bogotá encajaran mejor con cada departamento y municipio.