En los últimos años, el sector de infraestructura vial y el programa de Cuarta Generación (4G) ha tenido un papel protagónico en la actualidad nacional que exigió grandes cambios. En materia de inversiones se apropiaron más de 40 billones de pesos para remunerar los proyectos; el programa exigió una reorganización pública institucional con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, Financiera de Desarrollo Nacional y Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entre otras. Adicionalmente, se implementó un nuevo marco normativo que promovió las Asociaciones Público Privadas (APP) e instituyó la ley de infraestructura, que buscaba superar los inconvenientes recurrentes que se interponen en el desarrollo de los proyectos. De igual manera, se puso en marcha un contrato exigente e innovador, de acuerdo con los estándares internacionales, que reconoce la importancia de los financiadores en los proyectos.
El programa de Cuarta Generación se compone de 30 contratos, de los cuales un poco más de la mitad cuentan con la financiación necesaria para ejecutar las obras. Este resulta ser el primer gran escollo por superar, pues el cambio de esquema en este tipo de contratos exige al contratista privado obtener el apalancamiento de los recursos suficientes para emprender esta titánica tarea, toda vez que no se entregan anticipos, ni se hacen pagos contra avances mensuales parciales de obra y tampoco se permite la remuneración por el recaudo del peaje hasta tanto se realice la entrega efectiva de grandes tramos de vías denominados unidades funcionales, que se encuentren con el cumplimiento de los indicadores técnicos y niveles de servicios que brinden al usuario las condiciones adecuadas de confort.
De acuerdo con lo anterior, los concesionarios para ejecutar las futuras infraestructuras públicas se convierten en grandes deudores de bancos, fondos, inversionistas y prestamistas nacionales e internacionales, públicos y privados, a los que mensualmente se deben reconocer altas tasas de interés por el préstamo o por la disposición del dinero, razón por la cual, una vez obtenida esta financiación, el concesionario se convierte en el principal interesado en ejecutar y entregar las infraestructuras contratadas, de manera que el incentivo está hecho para entregar lo antes posible.
Las concesiones viales son proyectos de gran magnitud que por su complejidad no son ajenos a los diferentes retos que se presentan, tales como la gestión predial, los tiempos y alcances del licenciamiento ambiental, gestiones arqueológicas, interferencia de redes, consultas previas y los factores particulares y de orden público que describen la problemática social calamitosa en algunas zonas del país aledañas a las vías entregadas en concesión. En cuanto a los procedimientos y decisiones requeridas para gestionar los anteriores aspectos, encontramos una multiplicidad de autoridades nacionales y territoriales que requieren una clarificación de competencias, mayor articulación y cohesión entre sí, para resolver los retos positivamente. 
A través de la adecuada gestión contractual, el concesionario, la entidad concedente y las entidades públicas que intervienen en los proyectos deben trabajar de manera mancomunada para solucionar estos temas, utilizando procedimientos contractuales y legales que agilizan decisiones oportunas y convenientes, evitando al máximo los largos y tediosos litigios judiciales. El desafío actual se concentra en hacer eficiente y simplificar la gestión contractual que dé la pista necesaria para viabilizar y ejecutar los proyectos. 
Los proyectos de Cuarta Generación que cuentan con financiación vienen resolviendo las dificultades naturales de los mismos, están cumpliendo los contratos y entregarán una mejor infraestructura que redundará en beneficios generales para el país, las regiones y la sociedad.