Bajo este simpático mote se encuentra una problemática álgida que requiere atención. Resulta que tenemos unas leyes que obligan a preservar el patrimonio cultural y otras que no le permiten al Estado beneficiar a particulares con dinero. Y más del 80% de la arquitectura patrimonial de Colombia es propiedad privada.
Si el Estado es descuidado con la protección del patrimonio a su cargo, un ejemplo triste es la Juan XXIII, el particular está en una posición difícil porque no puede acceder a un crédito para reparar su casa. Me explico: ningún banco presta plata garantizada en una casa de bahareque pues alegan que al ser de madera estas se queman y así se perdería la prenda hipotecaria. Curiosamente en los E.U.A. muchas casas son en madera y todas las aseguran, inclusive aseguran las vidas humanas sabiendo que tarde o temprano nos hemos de morir, es cuestión de calcular cuánto costaría de más un seguro de esa índole y cuáles podrían ser los requerimientos para prevenir el fuego.
En los grandes centros turísticos, como Villa de Leiva o Cartagena, poseer una casa antigua es una fortuna, pues su valor exagerado estimula cualquier tipo de restauración. En cambio en Belalcazar o Aguadas una casa vale muy poco y prefieren demolerla y levantar en su lugar un edificio de 3 pisos, que convertirla en una inversión con arriendos de vivienda.
Las soluciones ideadas por los técnicos poco han solucionado y Colombia entera perderá en pocos años ese tipo de patrimonio, y las generaciones venideras solo podrán ver estas técnicas constructivas y su estética en “pueblitos paisas” que no pasan de ser un barato y feo remedo de una arquitectura y su época. Las exenciones en el impuesto predial poco se hacen, ya que en los pueblos ese rubro es de suma importancia para las finanzas de los municipios. Me aseguraba un alcalde de Abejorral, que tiene centro histórico muy extenso, que si hacían una exención del 10% en ese impuesto se quedaban con qué pagar la nómina.
Hay una solución a este dilema, con un impacto es notorio, y sin costo para el Estado. Es buscar que los bancos sí les presten a los propietarios de casas en materiales históricos como el bahareque o la tapia. A ellos les interesa colocar dinero a interés y las economías de los pueblos tendrían una bonanza con los recursos invertidos en estas construcciones. Al dueño solo se le permitiría hacer lo históricamente justificable, con restricciones a los colores y materiales que aplicaría para preservar ese legado. La falta de vivienda se supliría al poner en uso unas construcciones dignas, elaboradas con materiales que se encuentran en la misma región como lo son la tierra, la madera y la guadua. Igualmente, la mano de obra es local.
Ahora, pueblos bellos atraen turistas. Las casas de interés cultural no solo deben ser museos o sitios de nacimiento de próceres, sino casas en materiales “antiguos” donde viven personas y que forman parte de nuestra cultura. Es importante elaborar unos lineamientos amigables, sin asuntos rebuscados típicos de técnicos con afán de lucirse ante sus desprevenidos superiores. Un amigo en Salamina me comentaba que no podía proceder con su obra de restauración, porque le hacía falta el concepto de un dendrólogo y que este podía atender su caso tal vez en el semestre que seguía.  ¿Qué construcción puede ser suspendía por 6 meses y no causar la quiebra del constructor? En Colombia hay 7 dendrólogos (experto en maderas) registrados ante el Ministerio de Cultura, y cobran unos abultados honorarios.
El Estado debe constituir un marco legal sencillo para las casas de interés cultural, no requiere de una mayor inversión, simplemente encausa las actividades de la sociedad en pos de los fines que están plasmados en la Constitución.