En su discurso de posesión como presidente de los Estados Unidos en 1981, Ronald Reagan sentenció que “el gobierno no es la solución a nuestros problemas. El gobierno es el problema”. Por supuesto, el contexto de esa afirmación correspondía al giro neoliberal en las políticas públicas según el cual, la mejor política es la ausencia de política. En otras palabras, los Estados debían abstenerse de intervenir en los mercados, cobrar impuestos ínfimos a los ricos y a las empresas, reducir a niveles irrisorios las prestaciones sociales, desregular los mercados financieros y flexibilizar, sin redes de seguridad social, los mercados laborales. Lo dicho por Reagan en ese entonces carece de validez en vista de los nocivos resultados, en diferentes latitudes, de las recetas inspiradas en esa ideología neoliberal. 
No obstante, haciendo caso omiso de su sentido neoliberal y tomando la afirmación por sí sola, lo que vemos hoy en día es que muchos gobiernos son, en efecto, un verdadero problema. Algunos ejemplos son elocuentes. Trump, como la mayor parte de los presidentes, toma decisiones sobre guerras que ni él ni sus hijos van a pelear. Esos presidentes no saben nada sobre el riesgo de matar o de morir, pero mueven los hilos de personas, aparentemente inteligentes, que matan por ellos. Esos presidentes cuentan con la complicidad de ciudadanos que tampoco van a la guerra y que permanecen excitados por ella. Son incautos embrujados por banderas con las que se cubren los oscuros intereses políticos y económicos a los que sirven las guerras. 
Los gobiernos son un problema también cuando deciden abandonar a los ciudadanos más vulnerables a su propia suerte. Es parte del problema de la violencia el silencio cómplice del gobierno colombiano frente a los reclamos de los líderes sociales. Por ejemplo, las reiteradas denuncias que los líderes sociales del Chocó han presentado acerca de la presencia del Eln y de la connivencia entre la Fuerza Pública y remanentes paramilitares como las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” en Bojayá, han sido ignoradas. Las alertas tempranas que los defensores del pueblo en diferentes zonas de la geografía nacional envían al Ministerio del Interior son engavetadas. Más tarde, esos líderes ignorados son asesinados y las comunidades son asediadas por grupos armados. El gobierno “conversa” pero ni escucha ni actúa.
Los gobiernos son parte de la crisis ambiental global. Están obsesionados con el crecimiento económico -un crecimiento que en un contexto de enormes desigualdades solo beneficia a unos pocos- y no le prestan atención al suicidio colectivo que representa continuar con la forma actual de producir, consumir y acumular. Muchos ciudadanos aplauden, también como embrujados, cifras de crecimiento con las que se cubren no solo grandes desigualdades y precariedades laborales, sino también daños irreversibles a la naturaleza. Esos ciudadanos incautos piensan que la naturaleza, como la guerra, es algo ajeno. El gobierno de Trump está desmontando las leyes estadounidenses que obligan a evaluar los efectos ambientales de las obras de infraestructura. También busca hacer a un lado en el diseño y ejecución de esas obras cualquier consideración relativa al cambio climático. Sabemos que eso no lo hace solo Trump. Los gobiernos de estas latitudes también buscan excluir cualquier tipo de consideración socioambiental. En Colombia, la voz de las comunidades es menospreciada y acorralada por la influencia política de los negocios vinculados a los grandes proyectos de infraestructura, agroindustria y minería. 
El problema no está solo en los gobiernos nacionales. También en los locales. Por ejemplo, el alcalde de Envigado (Antioquia), Braulio Espinosa, no acababa de posesionarse cuando ordenó la tala masiva de los árboles del Túnel Verde de la Avenida El Poblado sin prestar atención a los acuerdos previos con la comunidad. En medio de esta crisis ambiental, un gobierno local decide cortar cientos de árboles para abrirle paso al “progreso”. Los gobiernos no brindan soluciones, son parte de los problemas. Sin embargo, el mayor de los problemas es que hay ciudadanos que votan por ellos y son clientes de lo negocios a los que esos gobiernos sirven. Los gobiernos son un problema porque las decisiones políticas y de consumo de muchos ciudadanos les otorgan un poder que de otro modo no tendrían. Reflexionemos, actuemos.