Las largas filas que vimos esta semana en varias ciudades del país para obtener un pasaporte no fueron simplemente el resultado de la obsesión de algunos funcionarios por cambiar lo que funciona y reemplazarlo por algo más enredado y menos útil. Esas largas filas parecen también un indicador del pesimismo nacional y de las ganas de buscar la vida en otra parte, en un país menos violento, menos desigual y con menos corrupción. Tengo la impresión de que en Colombia el pesimismo y la desesperanza se están apoderando de las mentes y los corazones de una porción cada vez más amplia de la población.  A nuestro caso parece aplicar aquel bolero que dice que a un poco de alegría le sigue un gran dolor.
Hace cinco años el Estado colombiano y la guerrilla más grande y antigua del hemisferio firmaron un acuerdo de paz que logró sacar a miles de personas de la guerra. Ese es un logro significativo y todavía, a pesar de todos los reveses y demoras en el proceso de implementación, estamos a tiempo de aprovecharlo como una oportunidad para transformar la ruralidad y ampliar las oportunidades de inclusión política, social y productiva en las regiones más afectadas por la guerra y el abandono. Sin embargo, el tiempo corre en contra de esa oportunidad. La esperanza que generó el acuerdo ha sido sustituida poco a poco por la desazón que produce esa paz violenta e insegura que, con el asesinato de líderes sociales y el fortalecimiento de nuevos grupos armados, amenaza con convertir la paz en el interludio previo a una nueva guerra, más fragmentada y compleja que la anterior. Las oportunidades perdidas no se pueden recuperar.
Teníamos la esperanza de pasar de una fase de conflicto armado a otra de conflictos sociales intensos capaces de visibilizar las demandas y reivindicaciones que habían sido acalladas por la guerra y por la instrumentalización que de ellas hacían los actores armados. Creímos que seríamos capaces de apoyarnos en esos conflictos para buscar nuevos consensos y también para demostrar que los conflictos sociales no necesariamente tienen que deslizarse hacia la cuneta de la violencia y la enemistad absoluta. Lo que hemos visto hasta ahora es, por un lado, el tratamiento punitivo-militar aplicado a la protesta social por el Estado y, por el otro, el poder que tienen los que no han renunciado a la violencia como recurso político para suplantar y eclipsar a los actores legítimos de la protesta social. Vimos también que una capacidad moral de los ciudadanos necesaria para el diálogo y la concertación, ser razonables, brilló por su ausencia entre los líderes del paro y los mediocres funcionarios del gobierno.
Creímos que el lenguaje incendiario de la política colombiana quedaría marginado por un debate electoral orientado a discutir los problemas sociales más apremiantes y las estrategias apropiadas para resolverlos. Más bien ha ocurrido lo contrario. Pensamos que aquellos candidatos que no se dejan entrampar en las redes de la polarización y el sectarismo nos propondrían una agenda de políticas públicas con propuestas radicales pero necesarias: eliminar la piñata tributaria de las exenciones, gravar la propiedad rural para que el campo no esté dominado por grandes e improductivas extensiones de tierra, poner en marcha políticas sectoriales de desarrollo productivo para exportar más de lo que importamos, reformar una educación que no derriba barreras de clase, asegurar el acceso universal a los servicios de salud de calidad en las regiones más pobres. La consecuencia de no militar en los extremos no puede ser la inocuidad política. Al pesimismo nacional no le faltan razones.