Martín Franco Vélez


No deja de ser curioso que mi regreso a estas páginas coincida con una fecha tan diciente, y no precisamente porque hoy vuelva el uribismo al poder, qué va, sino por lo que significa el 7 de agosto: la verdadera independencia, la derrota del último rescoldo español en nuestro territorio luego de años de peleas absurdas por el poder en eso que se llamó la Patria boba. Así que con un gobierno entrante y un país más polarizado que nunca, parecería inevitable acabar hablando de política. Pero no, dejémoslo: ya habrá tiempo.
Quiero hablar, más bien, de otro tema que me inquieta, y para ello debo empezar por contar una experiencia propia. Tengo un hijo pequeño que está próximo a entrar al colegio, y por eso desde hace poco más de un año hemos estado mirando opciones. Aunque la oferta es amplia y variada (cada quien busca según lo que cree conveniente), no he podido dejar de pensar que en este país la educación privada funciona cada vez más como un negocio de intereses y exclusión. Es decir, con la misma dinámica los clubes privados.
Más allá de los precios, que resultan a veces tan absurdos (y que actúan como un primer filtro), parece que a estas alturas muchos padres no están interesados en una educación que enseñe a los niños a pensar por sí mismos; qué va: hoy es más importante que el niño pueda crear una red de contactos que en un futuro hipotético le ayuden a ubicarse laboralmente o a pertenecer a eso que llaman la “sociedad”.
Me dirán, ya lo sé, que así funcionan las cosas, y que no es solo aquí sino en el mundo entero. Y es verdad. Me dirán que es el sistema, que el que tiene paga y que el que no, que se friegue. Y, sin embargo, volver inaccesible el acceso a una educación de calidad tan solo seguirá ampliando cada vez más la brecha social. No es gratuito, a fin de cuentas, que Colombia siga siendo uno de los países más desiguales del mundo.
Pero el problema va más allá de los colegios. Miren las universidades, cojan cualquier ejemplo: un semestre en la Universidad de los Andes, en Bogotá, vale 16 millones de pesos. Eso sí: un egresado uniandino saldrá a trabajar en las mejores empresas del país y mantendrá un círculo de privilegios que cada vez estrechará más.
Aunque es cierto que aún quedan buenas universidades públicas (en Manizales dos maravillosas, para no ir tan lejos), el afán por privatizarlo todo y la satanización que seguimos haciendo de lo público, no contribuyen con las soluciones. La prueba es que el programa bandera del gobierno saliente haya sido Ser pilo paga, un invento para pagarle a unos pocos privilegiados su educación en la universidad privada con dineros públicos. ¿No sería mejor, acaso, usar esa plata para fortalecer las instituciones del Estado y darles oportunidades de estudio a más jóvenes?
En fin: no me cabe duda de que la educación deberá replantearse en un futuro cercano. No es posible el progreso en un país en el que solo unos pocos pueden tener acceso a una formación de calidad, y en donde le damos más importancia a conservar unos privilegios de clase que a aprender a pensarnos como sociedad. Hemos fallado al convertir un derecho en un negocio descarado.
Ahora bien, ¿qué pasará cuando el exceso de oferta continúe bajando las condiciones laborales o cuando la inteligencia artificial reemplace con eficiencia muchos de los oficios que hoy realizamos? Bueno, eso ya es tema para otra columna.
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