Una de las explicaciones más didácticas sobre lo que es un banco la dio hace un tiempo el escritor argentino Hernán Casciari, en un pequeño ensayo que llamó “El intermediario”. Según él, los intermediarios surgieron cuando los hombres perdieron la inocencia y por eso el primer intermediario fue —cómo no— un banco. Su explicación es sencilla: “En los tiempos del Renacimiento la gente pudiente ya no podía transportar dinero porque había ladrones hambrientos en los caminos, entonces los ricos que debían viajar se contactaban con un integrante de la familia Medici, que recibía el dinero en Ginebra, por ejemplo, y otro integrante de la misma familia que se lo devolvía en Florencia, quedándose con un poquito. El intermediario nace y florece cuando nace y florece el ladrón. Y el intermediario sospecha, muy pronto, que necesita al ladrón para que su negocio prospere. Y más pronto todavía saca cuentas y descubre, el intermediario, que lo más conveniente es ser el ladrón”.
Mucho se ha hablado sobre los abusos que aún cometen los bancos en el mundo. En 2011, Charles Ferguson obtuvo el premio Óscar gracias a Inside Job, un documental que describe bien la falta de ética del sistema financiero estadounidense durante la crisis global de 2008, que apeló a esa llamada “puerta giratoria” entre banqueros y Gobierno para ganar gabelas y lograr la desregularización del mercado que les permitió —y les sigue permitiendo— enriquecerse de manera grotesca. Tal como sucede aquí con cierto exministro de Hacienda, hoy reencauchado en su puesto, quien durante su primer periodo creó unos “bonos de agua” para financiar obras de acueducto y alcantarillado en 117 municipios del país, y una vez fuera del Gobierno montó una empresa privada que luego se encargó de asesorar la emisión de esos mismos bonos. No es una jugada ilegal, alegarán, pero es innegable que resulta claramente antiética.  
Digamos que al final vaya y venga: así funcionan las cosas. El problema es cuando los bancos deberían servir para, en medio de una crisis como esta, ayudar a la gente y a los medianos y pequeños empresarios, que generan alrededor de 8 millones de empleos en el país. Deberían, digo, porque está claro que eso no sucede. Congresistas como David Barguil, Jorge Enrique Robledo y Armando Benedetti, llevan ya un tiempo denunciando cómo los bancos en Colombia han aprovechado esta pandemia para lucrarse. A su manera, han puesto en evidencia, por ejemplo, cómo siete de los grandes aumentaron las tasas de interés de sus tarjetas de crédito y crédito comercial, cobrando aún más a sus usuarios. O cómo resulta absurdo que, luego de que el Gobierno anunciara que respaldará los créditos a las Mipyme hasta en un 90% a través del Fondo Nacional de Garantías, los bancos sigan poniendo trabas y problemas para otorgárselos a los empresarios, que ya no saben qué más hacer para no quebrar. Así las cosas, no hay que ser un economista avezado para entender que, después de esta pandemia, la desigualdad en Colombia será aún mayor.
El problema es que, mientras tengamos un gobierno que trabaje para beneficiarlos, no es mucho lo que los ciudadanos comunes podremos hacer. Lo único, quizás, seguir poniendo en evidencia su descarada voracidad.