En algún momento llegamos a pensar que la polarización creada por el Plebiscito por la paz iba a terminar después de éste. Sin embargo, desde algunos grupos políticos aprovecharon la coyuntura para echarle china a la división y así asegurarse votos de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Este panorama empeora con las revelaciones de nuevos escándalos de corrupción. Aunque en principio se pensó que éste sería el tema que uniría finalmente a la ciudadanía en torno a lo público, nuevamente, algunos sectores políticos intentan sacarle partido a su favor, incluso organizando marchas contra esta, a pesar de estar untados de la misma hasta decir no más. Ahora, la división marcada se evidencia en los resultados de la consulta popular de Cajamarca, donde parece que los puntos medios son los menos comunes y populares y las alternativas viables de desarrollo sostenibles no figuran, de manera determinante, en la discusión. 
Con este contexto, se empiezan a prender las alarmas sobre los peligros que puede generar esta polarización. Se ha advertido sobre el poder que alcanzan las mafias y las instituciones paralelas del Estado, cuando un tercero busca controlar esas competencias públicas que han perdido relevancia por la desconfianza del ciudadano. También se ha hecho un llamado de atención sobre lo que puede generar un estado de indignación permanente y la posibilidad de que líderes caudillistas, vacíos de contenido, sepan apropiar esos discursos a su favor. 
Lo importante es que aquí todos jugamos un rol, combatir la polarización es un trabajo del ciudadano, no es solo tarea de aquellos que tienen poder, de los que toman las decisiones. Estar abiertos al diálogo, conversar sobre lo público aunque el otro piense distinto, estar dispuestos a modificar nuestro punto de vista si existen argumentos sólidos para hacerlo, buscar varias versiones de un mismo hecho público y cotejarlo, ser crítico de los discursos, noticias e información que compartimos, comentamos y difundimos. No prestarnos al juego de los linchamientos mediáticos, las posverdades, las mentiras y los hechos alternativos.
Hace unas semanas el periodista Gonzalo Guillén publicó en su columna de la revista Semana una dura crítica a la administración del Canal Capital y a los honorarios de Claudia Palacios, directora de noticias. Independientemente del juicio de valor que se tenga sobre el contrato de la señora Palacios, vale la pena resaltar de la respuesta de la periodista que la columna donde se hace la denuncia había sido leía 53.353 veces, la de la defensa 21.228. “Es decir, solo el 39,78 por ciento de quienes leyeron la primera quisieron conocer la versión de los acusados en ella”. Estamos dispuestos a profundizar sobre la denuncia, conocer todas las aristas, señalar a los culpables. Sin embargo, cuando toca el turno de la defensa, ya hemos establecido un criterio determinado sobre la culpabilidad del denunciado, ese tema ya no parece de interés, el juicio está dado desde la primera sindicación. Algo parecido ha pasado en el caso Colmenares. 
Esta misma dinámica también se vive en el debate público sobre los temas locales. Por ejemplo, desde su columna en este diario el señor Jorge Enrique Pava ha hecho señalamientos, muchos de ellos infundados, hacia algunas instituciones públicas, gremios y líderes sociales y empresariales. Salvo en contadas excepciones, los inculpados no han dado respuesta pública a estas acusaciones. Algunos han acudido a la vía judicial para que los investiguen por los hechos enunciados en las columnas y recurrido a la denuncia penal por calumnia, lo que ha generado que el columnista merme sus querellas temerarias. Por su parte, los procesos judiciales no le han dado la razón a Pava. Hace poco, la Contraloría desestimó cualquier hecho de corrupción que hubiera tenido lugar en la adjudicación o ejecución del contrato suscrito entre la Industria Licorera de Caldas y la firma Mercado Integral para estudiar un modelo de internacionalización del ron; uno de los caballitos de batalla del columnista. Sin embargo, estas actitudes de valerse de acusaciones sin hechos ni datos, dejarlas en el ambiente, así como no dar respuesta sobre las supuestas denuncias, por falsas que sean, son situaciones que afectan el debate público, dañan la confianza hacia las instituciones y debilitan la construcción y la cohesión colectiva.
Así pues, la invitación es a abrir las posibilidades para que podamos tener un diálogo sobre lo público en el que seamos lo suficientemente abiertos y críticos para trascender los discursos de la polarización, la posverdad, los linchamientos colectivos y la indignación generalizada. Que dejemos de hacerle la tarea a manzanillos, líderes religiosos, opinadores e influenciadores, con marcada agenda personal, y construyamos criterio propio sobre lo que nos afecta como ciudadanos. Que conversemos hasta encontrar un mínimo común sobre lo que nos une, en lugar de seguir llevando nuestras posiciones hacia extremos no conciliables.