María Carolina Giraldo


Decía José Alfredo Jiménez que nada le habían enseñado los años, que siempre caía en los mismos errores. Parece que en Manizales estamos transitando ese mismo camino con la propuesta contenida en el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de habilitar unos predios rurales cercanos al área industrial de Maltería y Juanchito como zona mixta. Esto implica que en esos espacios puedan establecerse viviendas, comercios, escuelas, hoteles, entre otros.
Inicialmente, la industria se encontraba cerca de la vía del ferrocarril y de ahí fue desplazada por los hogares. Luego se ubicó en el barrio El Campín donde aún quedan algunas plantas manufactureras y otras se han convertido en empresas comerciales y de servicios. Posteriormente, pasaron a la Alta Suiza donde hoy conviven con viviendas, restaurantes, bares, instituciones educativas, centros de salud y con los conflictos propios que generan estos múltiples usos. Finalmente, se establecieron en Maltería y Juanchito donde, nuevamente, comparten espacio con residencias, colegios, universidades, hoteles, ecoparques, comercios y hasta con el aeropuerto.
Ha sido tradición en la ciudad que la planeación del uso del suelo se rija por la política de los múltiples usos. Esta forma de organizar el territorio ha estado acompañada de cierta flexibilidad de las autoridades competentes en el establecimiento de las restricciones y mitigaciones de los impactos; instrumentos necesarios para una sana convivencia entre las distintas formas de ocupación y apropiación del suelo. Esto, inevitablemente, ha generado los conflictos propios de una planeación desordenada. Por lo tanto, en muchas zonas de Manizales chocan los intereses de los ciudadanos que intentan dormir, con los de aquellos que quieren rumbear hasta la madrugada; de los que buscan descansar en su casa después de un día de trabajo, con aquellos que extienden el turno de los operarios y de sus máquinas aprovechando que los clientes están demandando más productos; de los que necesitan llegar seguros y a tiempo a sus clases o a sus trabajos, con aquellos que precisan descargar la materia prima de los camiones… Que esta sea la realidad no es argumento suficiente para seguir propiciando, de manera consiente, el desorden y las dificultades de convivencia y, mucho menos, convertirlo en deber ser, mediante su establecimiento como norma, sobre la forma de ocupación del uso del suelo.
Por su parte, este ejercicio de planeación que implica la adopción de un nuevo POT debería servir de plataforma para establecer, finalmente, las áreas de Maltería y Juanchito como espacios destinados al sector manufacturero y diseñar los elementos que permitan mitigar los impactos de la convivencia actual con otros usos. Al mismo tiempo, se abre una buena oportunidad para pensar en el urbanismo industrial de la zona y definir el tipo de equipamientos que se necesitan para contar con una mejor prestación de servicios urbanos para el desarrollo de la manufactura. Paralelamente, este ejercicio también debe prestarse para establecer los límites del crecimiento urbano de la ciudad hacia el oriente, teniendo en cuenta lo que representa el área de la cordillera en materia de recursos naturales y ecoturismo.
La insistencia de mantener la propuesta de convertir en zona mixta los terrenos aledaños al área industrial de Maltería y Juanchito resulta desconcertante, ya que existe consenso entre múltiples actores, que no siempre representan los mismos intereses, sobre su inconveniencia. En este sentido, se han pronunciado en contra de la medida: la Andi, Camacol, la Confederación de Trabajadores de Colombia Seccional Caldas, la Universidad de Caldas y reconocidos urbanistas. Así pues, que la Administración Municipal siga con la idea de mantener la propuesta, más que terquedad, como lo planteó Alejandro Samper en este diario el pasado sábado, deja en el ambiente la duda sobre los intereses detrás de la insistencia en promover una modificación al territorio que es, a todas luces, inconveniente.
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