Fútbol para todos era el nombre del programa en el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner invirtió casi 700 millones de dólares para adquirir los derechos de transmisión de los partidos de los equipos de la primera división de la Asociación del Fútbol Argentino para que fueran difundidos, de manera gratuita, por la televisión pública. Otro conocedor del enorme poder político que reditúa del fútbol era Silvio Berlusconi, quien consiguió la presidencia prometiendo menos impuestos y “hacer a Italia grande otra vez”; mostrando como oferta de valor el hecho de haber sacado al Milán de la B y posicionarlo, nuevamente, como uno de los grandes equipos europeos. 
Pero hay otro aspecto que comparten el fútbol y la política: las continuas acusaciones de corrupción y falta de claridad que se presentan en ambos ámbitos. Transparencia por Colombia en el informe Encuesta sobre el fútbol transparente señala que en el país “el fútbol se vio favorecido en los últimos años por una ecuación ganadora: el éxito deportivo de la selección de mayores generó un éxito comercial en la Federación y las Ligas, que a su vez derivó en un fervoroso apoyo de la opinión pública. Este ciclo virtuoso minimizó el bajo nivel de transparencia y rendición de cuentas de la institucionalidad del fútbol colombiano y opacó las extralimitaciones de sus directivos en un ambiente propicio para favorecer sus intereses personales.” En el caso del equipo local, hace unos días, en su columna en este diario, Camilo Vallejo señalaba que hay falta de transparencia en el acceso a la información de parte de las directivas del Once Caldas hacia los periodistas que cubren sus eventos; así como dificultades legales en la vinculación comercial de algunas empresas del Municipio con el equipo.
El jueves pasado, concurrieron a un evento, liderado por la Alcaldía de Manizales, hinchas y directivos del Once Caldas y funcionarios públicos. En este escenario el alcalde, Octavio Cardona León, propuso hacer una consulta popular para determinar si los ciudadanos están de acuerdo en aumentar 50 pesos a la tarifa del transporte público con el fin de recaudar recursos adicionales para ayudar al Once Caldas a sobrellevar su crisis financiera. Así mismo, se puso a disposición la infraestructura física y comercial de Aguas de Manizales para cobrar ésta mal llamada sobretasa a todos aquellos que no usen buses y busetas. 
Uno de los elementos fundamentales de cualquier Estado de Derecho consiste en tener regulaciones claras y garantistas sobre la forma en la cual se recaudan y gastan los dineros públicos. Todo tributo debe ser creado por una ley, acuerdo u ordenanza. Asimismo, este debe estar destinado a financiar el funcionamiento del Estado, la realización de una obra pública o la prestación de un servicio público. En el caso de la propuesta de aumento a la tarifa del transporte público no se cumplen con ninguno de estos requisitos. Adicionalmente, es contrario a lo establecido en los artículos 338, 345, 355 y 365 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, el decreto 2660 de 1998 y la Resolución 4350 de1998. Por su parte, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que los mecanismos de participación ciudadana, como lo es la consulta popular, deben darse “bajo los parámetros constitucionales y legales aplicables en cada caso particular.” (Sentencia C- 376 de 2016). “Se desconoce la Constitución cuando se busca defender posturas mayoritarias sin importar los procedimientos establecidos en la Constitución y los límites constitucionales existentes.” (Sentencia C-141 de 2010).
La participación del Estado en la crisis del Once Caldas puede deberse a que es común confundir sentimientos regionales y nacionales, como la pasión por el fútbol, con lo que es público. Nacionalismos o regionalismos que se expresan con una camiseta marca Adidas o Umbro. Quizás por este motivo, algunos ciudadanos demandan de deportistas y artistas exitosos que construyan acueductos, alcantarillados y colegios en sus pueblos de origen. La pasión, el orgullo y la representación (bienes y servicios intangibles) que implica para los caldenses el Once, no debe hacernos perder de vista que el equipo es una empresa privada conformada para generar utilidades a sus dueños, no para fortalecer el bien común.
El alcalde, quien es un hábil jurista, sabe que su propuesta es ilegal. Pero, como buen político, es conocedor del poder detrás de la pasión de los aficionados al fútbol, así como de nuestra cultura sobre lo público tan proclive a las figuras y a las soluciones mesiánicas. Esperemos que la tabla de salvación del Once Caldas no sea un berlusconazo.