El conflicto armado colombiano ha tenido causas, consecuencias y escenarios rurales, no se puede desconocer que el abandono de los campesinos y del campo ha sido el detonador de múltiples formas de inestabilidad política y de violencia. En este contexto, un elemento fundamental para alcanzar una paz duradera y estable es atender las necesidades de la población rural. No solo porque sea un compromiso de los adquiridos en el Acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, sino como requisito esencial para lograr una convivencia pacífica. Con este marco, el Gobierno está socializando el proyecto del Decreto - ley de tierras que busca “corregir deficiencias en los procesos de acceso y formalización de tierras para todos los actores rurales: campesinos sin tierra, campesinos con tierra insuficiente y otros actores (Sic)” (Universidad de Los Andes, p.1).
El primer documento generó todo tipo de interpretaciones de distintos sectores, así como agresivas resistencias de aquellos que históricamente se han opuesto a una regulación sobre las tierras y el desarrollo agropecuario en Colombia. Sin embargo, estas reacciones son previsibles cuando de esta materia se trata. Así pues, es difícil entender el poco cuidado que tuvo el Gobierno al incluir, en el primer borrador de la norma, aspectos como las facultades judiciales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otros. Es importante resaltar que estas competencias ya fueron retiradas del proyecto de Decreto. 
Contrario a lo que se ha dicho, los distintos borradores de la norma que ha presentado el Gobierno, no se parecen ni en su naturaleza, ni en sus procedimientos a la Ley de tierras y desarrollo agrario de Venezuela. Por motivos de espacio no puedo hacer una comparación de ambos decretos, pero dejo acá los vínculos de los documentos para que aquellos interesados puedan hacer su propio análisis. https://drive.google.com/drive/folders/0B32TsCz7pzvsU19hMlcydVVOLTA?usp=sharing
La figura de la expropiación en el proyecto de Decreto, a pesar de ser hoy una facultad de la ANT, ha generado mucho ruido. En el concepto emitido por las universidades de Los Andes, Eafit y el Externado se expresa que la figura no es necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos de La Habana, precisión que también se hizo en la modificación del proyecto de Decreto. En este sentido, generaría mayor tranquilidad si se incluye, como ya está en la disposición actual de compra (parágrafo 1 del artículo 88), que el mecanismo de la expropiación será residual.
Por su parte, el artículo 94 del proyecto de Decreto plantea una limitación no taxativa a la extensión sobre la cual se podrá ser propietario de la tierra rural. Esa disposición es contraria al derecho de propiedad, a la libertad de empresa y a la igualdad, prescindir de esa restricción puntual en el artículo no afecta la naturaleza, los principios, ni los objetivos que persigue la norma. 
Otro de los temas que genera preocupación al sector agropecuario es la extinción de dominio de tierras improductivas. Aquí vale aclarar que los productores rurales no están en contra de la medida. Pero sí han solicitado, para garantizarla seguridad jurídica, que se precisen al máximo las causales por las cuales procede la misma.
Por último, haciendo algunos ajustes al proyecto de Decreto, como incluir mayores mecanismos para el desarrollo rural sostenible y para la viabilidad económica de la Unidad Agrícola Familiar, se podrían lograr mejores resultados en materia de política pública. En este sentido, no parece necesaria la derogación de la Ley 160 de 1994, podrían establecerse mecanismos de articulación entre ambas normas. 
Entonces, la distancia entre las posiciones contempladas en la actual propuesta del Gobierno y las de los demás actores del sector agropecuario no parece tan grande. El Ejecutivo ha mostrado voluntad para realizar los cambios necesarios para ajustar la norma a las preocupaciones de los productores rurales. En este sentido, la posibilidad de encontrar un acuerdo definitivo no se ve tan lejana. Lo que sí resulta muy preocupante, es que el Gobierno no se haya percatado del escenario de fragilidad política en el que se encuentra la implementación del Acuerdo de paz y se preste para dar papaya cuando el palo no está para cucharas.