La pobreza es una de las principales problemáticas económicas y sociales que afecta a la humanidad, despertando especial interés en todos los niveles del Gobierno, el cual busca superarla a través de políticas públicas que establezcan mejores condiciones de vida para las comunidades y permitan el acceso al desarrollo, mediante la creación de oportunidades.
El Índice de Pobreza Multidimensional- IPM- clasifica las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la medición de 15 aspectos, ayudando a comprender que el concepto de pobreza no se agota en la carencia de dinero, permitiendo analizar el problema a partir de diferentes aspectos que son necesidades básicas para los seres humanos.
Recientemente el DANE dio a conocer las condiciones de pobreza en Colombia, revelando que 3,5 millones de ciudadanos se encuentran en esta condición, agudizada por las afectaciones económicas producto de la pandemia, generando un retroceso en los esfuerzos que venía realizando el Gobierno Nacional.
De tal manera, y para responder la pregunta con que titulo la columna, es necesario comparar nuestro departamento con los hermanos de Risaralda y Quindío, los cuales evidencian mejores resultados. Caldas reporta el 15% de su población en condición de pobreza, un aspecto que nos impone el reto de trabajar incansablemente por esos caldenses.
Superar la pobreza requiere estrategias innovadoras que identifiquen el contexto social y sus motivaciones económicas, construyendo programas que permitan la transformación de su entorno, accediendo al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida. En Caldas podemos identificar tres aspectos en los que se evidencia la pobreza multidimensional: 1. La brecha entre lo urbano y lo rural 2. Las necesidades en el sector salud y 3. La carencia de empleo.
1. Son más pobres los campesinos que los habitantes de la ciudad. La inequidad en las condiciones de vida según la zona que se habita, se evidencia en la medición del IPM, por ello es importante dinamizar los sectores estratégicos para la población rural, fortaleciendo la educación campesina como aspecto de transformación económica, sumado al mejoramiento de los servicios públicos y la atención de las vías rurales como instrumento de intercambio comercial, siendo esto el principio de la equidad poblacional.
2. La crisis de la salud. La relación entre economía y salud pública pudo evidenciarse claramente por los efectos de la pandemia, circunstancia que ha llevado a los hospitales de primer nivel a situaciones extremas. Estos son mayoría en el departamento y muchos aún no reciben pagos por los servicios generados meses atrás, agudizando sus problemáticas, afectando principalmente a campesinos y habitantes de pequeñas poblaciones. Por ello, desde el Gobierno se deben facilitar todos los mecanismos para que los recursos adeudados entren a las arcas de las instituciones y así puedan generar sostenibilidad.
3. Empleo débil. Los alcaldes hemos iniciado la proyección y puesta en marcha de ambiciosos planes de reactivación económica, para alcanzar un mayor nivel de ocupación laboral, así como de la apertura comercial por medio de innovadoras estrategias de mercadeo, como plataformas digitales, incentivos a sectores comerciales y de infraestructura, creando así gran cantidad de empleos, involucrando además a los jóvenes que egresan de instituciones educativas, fomentando la formalidad laboral y la estabilidad y bienestar económica de estos y sus familias.
Vemos como es necesario establecer condiciones para que la ciudadanía adopte prácticas que les permitan superar aspectos de vulnerabilidad, incentivando estrategias encaminadas con el emprendimiento, el aprovechamiento de las oportunidades y el acceso a la educación como instrumento transformador de la sociedad y la economía. De esta manera podremos tener un departamento más equitativo, próspero y con mejores condiciones de vida para todos.