El libro de Moisés Wasserman, La Educación en Colombia, de reciente publicación, trae varias afirmaciones bien interesantes, unas por su valor histórico; otras por la evolución que se ha tenido en los indicadores nacionales; otras por lo polémicas, no obstante la pluma cuidadosa y mesurada del autor; finalmente, otras por la reiteración que siempre se ha dado sobre ciertos temas de la educación. Me concentraré en lo que tiene que ver con la educación superior.
La primera es de carácter histórico: El origen de la universidad está ligada a un gremio de estudiantes, pues ellos contrataban a los profesores. Y el propósito era un tanto excluyente, pues se pretendía mantener unos privilegios que proporcionaban los conocimientos.  Así, los importantes eran los estudiantes, mientras que los profesores eran los contratados. Y cuenta que el emperador Federico Barbarroja reconoció a las universidades en 1158, además de darles a los estudiantes el principio de autonomía (de donde viene la famosa autonomía universitaria) y se podía multar a los profesores por capar clase o llegar tarde. Hoy la universidad es el mejor ascensor de movilidad social y un asegurador de oportunidades.  
Sobre evolución de indicadores, la cobertura de la educación nacional pasó de 6% en 1970 a 50% en el 2020. Un salto importantísimo, pero aún insuficiente, no solo porque otros países, aún de América Latina, ya están bordeando el 80%, sino porque para que haya verdaderas oportunidades no solamente se requiere cobertura, sino cobertura con calidad. Y a este respecto estamos todavía muy lejos. Según el Índice Competitividad Departamental la cobertura de estudiantes en universidades acreditadas está en Caldas en un 77%, una de las más altas del país, pero por ejemplo en el Valle solo llega al 42%.
Otra que puede ser polémica está en el hecho que para la política pública de Educación Superior es fundamental tener en cuenta tanto las universidades oficiales como las privadas, pues el sector en Colombia está dividido mitad-mitad entre ellas. Y aún más por la definición legal de la educación como un servicio público, independientemente el carácter de la institución que lo ofrezca. Esta necesidad de concertación no siempre la han tenido los gobiernos de turno y es fundamental para el éxito de cualquier política de educación superior.
Una de esas afirmaciones que se hacen y nunca se toman medidas de verdad para enfrentar las ilegalidades y “trampas” como las llama Wasserman, tiene que ver con el hecho que en Colombia la educación superior es sin ánimo de lucro. “Mayoritariamente lo es en verdad, aunque haya algunos casos que logren hacer trampa”. Y este es un aspecto de buen gobierno universitario que no se logra solamente con políticas al respecto publicadas por el Gobierno, sino por una efectiva e inteligente acción de inspección y vigilancia del Estado. El proyecto de Superintendencia que estaba obligatorio por mandato legal terminó derretido en el Ministerio del gobierno Santos. ¿Cuándo vamos a terminar con las universidades que son negocios privados o de clanes familiares?
Finalmente, ahora que tanto se habla de la necesidad de sintonizar las universidades con las necesidades de las empresas y el mercado para que focalicen en la formación de nuevas generaciones para el trabajo, Wasserman advierte: “El dilema de si la educación debe ser para el trabajo o para el desarrollo individual es un dilema falso que se resuelve integrando las dos necesidades”. Mejor dicho, la universidad no solo prepara gente para el trabajo, sino seres humanos para la vida y ciudadanos para la democracia.
Invito a la lectura de este libro, que servirá para continuar presionando para que la opinión pública logre colocar en el centro de la agenda nacional el tema educativo.