Esta semana fuimos testigos de un espectáculo deprimente cuando, en las narices de toda la opinión pública, vimos cómo la rapacidad de los fondos privados de pensiones, orquestados por los gremios, y la falta de sensibilidad del Gobierno nacional hicieron presión sobre los congresistas para hacer naufragar la posibilidad de un paso “express” de los fondos a Colpensiones, en el contexto del debate del Plan Nacional de Desarrollo.
La trepanación del expediente para que muchos colombianos y colombianas, que están a menos de 10 años de la jubilación, pudieran durante 4 meses tomar la decisión de pasar de los fondos privados a Colpensiones. ¿Por qué apareció esta iniciativa excepcional? Sencillamente porque hay muchos cotizantes al sistema de pensiones privado que ya les han ido avisando la pírrica pensión que tendrán luego de haber trabajado toda la vida; también porque hay un número muy grande de ciudadanos que han tenido que recurrir a unas inciertas acciones de tutela para lograr judicialmente el tránsito de sistema, se ha hablado de más de 11 mil procesos; pero principalmente porque hay una insoportable iniquidad en las pensiones entre el sistema de fondo privado (ahorro) y el de Colpensiones (prima media).
¿Y por qué se planteaba un excepcional tratamiento? Sencillamente porque muchos de los que están hoy en los fondos privados de pensiones se pasaron del sistema de Colpensiones al privado con informaciones a medias, espejismos, promesas incumplidas, y que tomaron la decisión con poca información de contraste. Tanto es así que la Corte Constitucional en reiteradas decisiones ha dicho que tienen derecho a regresar al sistema público. La Corte sostuvo: “Pues ya no basta con dar a conocer con claridad las distintas opciones de mercado, con sus características, condiciones, riesgos y consecuencias, sino que, adicionalmente, implica un mandato de dar asesoría y buen consejo”. Está defendiendo un derecho fundamental de los ciudadanos que llegan a la tercera edad y tienen que asegurar su supervivencia. Efectivamente, no estamos hablando de algo accesorio o decorativo, sino de la protección de la vejez.
La presión de los fondos privados que podrían experimentar una estampida de muchos de sus afiliados, algunos analistas hablaron de 25 billones y 170 mil personas. Los fondos privados salieron a cuidar su negocio, que tiene en no pocos casos una raíz viciada. Utilizaron de escudo para su negocio viciado el alto costo que generaría para Colpensiones atender a las pensiones de más 170 mil personas que estaría, según los fondos, de unos 50 billones, por los subsidios que requeriría el sistema público para asegurar las nuevas pensiones.
Este debate fue abortado por el Gobierno y los fondos privados. No quisieron corregir una inequidad con las personas de bajos ingresos, lo cual es muy delicado. Bien hubieran podido dejar por fuera los de altas pensiones añadiendo una condición de que la pensión ofrecida fuera por debajo de, por ejemplo, tres salarios mínimos. Así el costo para el Estado no sería de la magnitud señalada y sí habría brindado una protección a la vejez de muchas personas.
El debate para ajustar el sistema pensional quedó pospuesto, tal vez esta oportunidad fue planteado de manera indirecta y sorpresiva. Pero muy pronto el país deberá enfrentarlo con claridad, transparencia, respeto por las personas mayores, y de cara a tantos colombianos que no están cubiertos por el sistema. A Colombia le falta justicia y equidad en sistema de protección de la vejez.