Luis F. Gómez


Se destacó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en la última encuesta empresarial sobre el equipo de gobierno que hace periódicamente el diario La República. En efecto, después del ministro de Salud, Oviedo resultó en segundo lugar con una calificación de 3,6.
Juan Daniel Oviedo ha sido la muestra de un funcionario que pone la cara, que busca ser pertinente con la información que genera el DANE y de un gran rigor académico en el manejo de los datos. Este es el tipo de tecnocracia que el país necesita para la gestión pública. En contraste con la tradicional mediocridad de muchos de ellos, o la irresponsabilidad populista en el manejo de los indicadores, o sencillamente la indolencia y desidia de otros, funcionarios como Oviedo generan un fortalecimiento de la institucionalidad, especialmente porque dan eficiencia a la administración pública, pero lo que es más importante, generan credibilidad ante la ciudadanía.
En esa misma encuesta salieron destacados también el superintendente de Industria y Comercio (SIC) y el Director Nacional de Planeación (DNP). En el primer caso, Andrés Barreto, ha logrado asumir una superintendencia más reposada, pero igualmente efectiva en el manejo de los temas de competencia que tanto ruido generaron en el pasado. Por su parte, Luis Alberto Rodríguez del DNP, ha tenido una participación muy activa en las respuestas del gobierno frente a la crisis económica. Primero con el subsidio solidario a las familias pobres que aliviaron a muchos hogares en medio de los cierres, y ahora con el Conpes de reactivación económica, dan muestra de un DNP pertinente y activo en medio de la crisis.
En la misma encuesta la única “ía” que se salvó fue la Contraloría General de la Nación. El contralor Carlos Felipe Córdoba ha logrado una reestructuración de la entidad de gran calado. Se espera que, con la nueva arquitectura y fortalecido en capacidad técnica, gracias a un aumento significativo de personal, arroje importantes resultados, especialmente en la prevención, para no llegar cuando no hay nada que hacer, cuando los recursos se han esfumado. Mucho bien le haría a la Contraloría si logra finalmente que todos los contratos de alimentación escolar se ejecuten como están pactados y se respete el derecho de los niños pobres de Colombia a ese importante complemento nutricional. La danza de millones en estos contratos es una afrenta a las nuevas y más vulnerables generaciones.
El país y la institucionalidad requieren de burocracias mucho más modernas, más activas, de mayor perfil técnico e independiente. Seguramente requeriremos equipos humanos mejor remunerados y especializados, pero será mucho mejor tener menos funcionarios, pero más cualificados. Otro aspecto que les da autonomía a los funcionarios es contar con período propio, como ahora ocurre no solo con las “ías”, sino en el caso de las superintendencias que con el ingreso de Colombia a la OCDE el Gobierno de entonces asumió esta política de periodos fijos. Es una forma muy efectiva para darle más fuerza y autonomía a la gestión de los funcionarios.
La modernización del Estado colombiano pasa necesariamente por un fortalecimiento de la gestión pública. Qué bueno que ya algunos funcionarios estén dando testimonio que sí es posible.
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