La correlación entre los índices de corrupción y el debilitamiento de la democracia, queda evidenciada en el reciente análisis presentado por Transparencia por Colombia. Partiendo de una de las definiciones en que “la corrupción es el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo”, vemos cómo se atenta diariamente contra la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y se perjudica el acceso a los derechos humanos de los colombianos. Las víctimas de la corrupción son en muchos casos los más vulnerables de la sociedad a quien se les terminan desconociendo derechos fundamentales.
 Transparencia por Colombia ha hecho un juicioso análisis de nuestro contexto, y se han logrado establecer seis patrones de corrupción en Colombia. El primero relaciona formas de corrupción con altos niveles de conocimiento, recursos e influencia, afectando decisiones y presupuestos públicos. El segundo se refiere a situaciones de captura del sistema de control y de justicia, a nivel local y nacional, para favorecer la corrupción y la impunidad. El tercero señala graves afectaciones a derechos humanos que generan daños que no son reparados a las víctimas de corrupción. El cuarto patrón hace referencia a las maniobras y fraudes político electorales para acceder al poder. El quinto plantea vacíos normativos e institucionales, el incumplimiento de normas y los excesos de control, que le hacen juego a la corrupción. Por último, el sexto patrón confirma la persistencia de prácticas sociales de fraude, trampa y corrupción.
 Siendo conscientes de lo que representan las conductas referidas como patrones y el impacto negativo que éstas generan en el ámbito público y privado, se ha generado una batería de recomendaciones que favorecerá el control y la prevención de los actos de corrupción en diferentes niveles. Transparencia ha señalado que se debe trabajar decididamente en: 1. Renovar la confianza ciudadana en las instituciones, mediante el fortalecimiento de la integridad en el más alto nivel del liderazgo público; 2. Ampliar la apertura y acceso a la información pública, privilegiando la transparencia en el uso de recursos públicos; 3. Incorporar enfoques más innovadores y agresivos para luchar contra la corrupción en los sectores más afectados por esta problemática, como son defensa, educación, salud y vivienda; 4. Avanzar en la implementación efectiva de compromisos internacionales para perseguir la corrupción transnacional; 5. Revisar y mejorar la manera como operan las entidades responsables de impulsar la lucha contra la corrupción en el Ejecutivo; y 6. Mantener el pleno respeto a la separación entre poderes públicos y a los derechos y libertades ciudadanas.
 Las recomendaciones deben ser aplicadas en todos los niveles. Un hecho de corrupción afecta los recursos, la legitimidad, la eficiencia y la eficacia de las entidades públicas y privadas, lo que socava la capacidad de los gobiernos de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, ya que afecta a la provisión de servicios públicos, el desempeño del poder judicial y la seguridad de la población.
 El fortalecimiento de una cultura de la ética y el recto proceder, vía la educación, es la salida. Pero también generando procesos judiciales emblemáticos para sancionar a los responsables.