La Universidad es símbolo de búsqueda de la verdad. Las universidades son lugares de formación de las nuevas generaciones de profesionales para el país, son lugares de generación de conocimiento y cultura, y por ello, son lugares de experimentación, lugares donde error no es la última palabra, sino una nueva palabra para seguir investigando. Uno de los principios más extendidos y constitutivos de su concepción en occidente es la llamada autonomía universitaria, que no es adjetiva sino fundamental. Y en este sentido la autoridad de sus directivas y de sus estatutos tienen protección legal y constitucional. Tienen las universidades un marco regulatorio especial, y este no es gratuito, posee una profunda explicación en el marco de la búsqueda de la verdad y como elemento que ha ido cobrando una importancia central, con el paso de los años y desde la modernidad, en la consolidación de las democracias.
Claro que la Universidad que genera conocimiento es incómoda para los intereses de algunos, que gracias a la desinformación o falta de investigación, siguen aprovechándose de la opinión pública y hasta de los consumidores. La universidad con su capacidad crítica es evidentemente incómoda y muy particularmente para los detentadores del poder, por ello es capital protegerla con el principio de la autonomía universitaria. Autonomía que fue reconocida por la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y gracias a ello hace parte de la Constitución Política en su artículo 69: “Se garantiza la autonomía universitaria”. Ahora bien, esta figura jurídica ha sido, en reiteradas sentencias la Corte Constitucional, desarrollada y protegida. Los intentos por desconocerla o extralimitarla se han encontrado con una interpretación cuidadosa y garantista del alto tribunal. Son más de 200 sentencias desde 1991 que se refieren al asunto de manera directa. La autonomía es, pues, un derecho-garantía totalmente reconocido en nuestro ordenamiento. Autonomía que hay que defenderla cuando se ve lesionada con acciones que la desconocen, máxime cuando se trata de vías de hecho policiales que ponen en peligro la vida e integridad de las personas en los campus universitarios.
De otra parte, la protesta pacífica no se puede criminalizar. El país necesita ganar en tolerancia, en diálogo, en escucha mutua. Y unas acciones de hecho desmedidas rompen las posibilidades del diálogo social, pues resquebraja la cohesión social y la confianza en las comunidades. Por ello, creemos que se debe replantear a fondo la manera de accionar de las autoridades. Una forma es cómo se debe acompañar una manifestación pacífica y otra forma distinta cómo se deben enfrentar los actos de vandalismo que generalmente son llevados a cabo por pequeños grupos de insensatos y los promotores del desorden y la anarquía. Pero no se puede mezclar la forma de tratamiento de lo uno con lo otro, por más difícil que sean las circunstancias factuales en que se den. 
La Universidad juega un papel fundamental en nuestra sociedad. Sus funciones sustantivas de docencia, investigación y servicio o proyección social, son claves para la vitalidad de nuestro país. Y por ello todos debemos defender su autonomía, ya que, además, son un verdadero contrapeso para los excesos del poder; es decir, pilar de nuestra democracia.