Los debates en torno a la revisión estructural del POT en Manizales han tenido varias características interesantes relacionadas con la implementación de la democracia directa, caracterizada por la amplia participación de organizaciones sociales, gremiales y ciudadanos del común, quienes han aportado sus visiones sobre el devenir del territorio en el mediano y largo plazo. Es un instrumento de participación que tuvo sus orígenes en la revolución comunera y se consolidó en la Constitución Política de 1991 al amparo del Estado social de derecho.
El cabildo abierto desarrollado el 5 y 6 de junio en el Concejo de Manizales contó con la participación de 73 ponencias, la mayoría de las cuales se concentró en dos temas gruesos: el Modelo de Ocupación del Territorio y las zonas de expansión urbana, particularmente La Aurora. En el primer tema, el debate se centró en reconocer o no el papel que juega la ciudad universitaria como proyecto estratégico del ordenamiento territorial para la próxima vigencia. En el segundo, la preocupación más evidente fue la relación entre expansión urbana al norte de la ciudad y la protección de la Estructura Ecológica Principal del municipio, recientemente aprobada, que tiene como su principal baluarte la Reserva Protectora Río Blanco. 
Hay que reconocer las diferencias de este cabildo abierto con otras experiencias similares en años anteriores: el respeto por las garantías de participación, en cabeza de la presidencia del Concejo, y la capacidad de escuchar y recoger el sentimiento ciudadano en las decisiones adoptadas por la comisión primera del Concejo, encargada de estudiar el nuevo POT. 
Pero quizás, un factor que ha inclinado la balanza para que tales actitudes se materialicen, ha sido la participación ciudadana cada vez más cualificada en estos debates, expresada en tres hechos contundentes: la calidad de las ponencias presentadas en el cabildo, las dos marchas carnaval en defensa de la Reserva Río Blanco (1º de junio y 13 de julio), la recolección de 2.500 firmas que se expresaron en igual sentido que las marchas anteriores; y finalmente, la prolongación del debate público en los escenarios nacionales. 
Todos estos hechos no pueden verse aislados de las consultas populares en varios municipios en contra de los proyectos minero-energéticos, particularmente las más recientes en Pijao (único municipio “slow” de Colombia) y Arbeláez. La masiva participación y las mayorías absolutas diciendo NO a dichas pretensiones, expresan lo sensible e importante que resulta para la opinión pública estos proyectos que comprometen la disponibilidad del agua para consumo humano y afectan el medio ambiente. 
Pese a todas estas circunstancias, y a la decisión histórica de la comisión primera del Concejo de sustraer cuatro zonas de expansión urbana al norte de la ciudad (La Aurora, Veracruz, Corinto y Alhambra), existen serias amenazas para desandar lo andado en democracia. La primera de ellas en la plenaria del Concejo, donde un grupo de concejales quiere reversar la decisión, luego de haber inclinado la balanza a favor de los intereses privados y defender la concepción que hasta ahora había prevalecido en esta corporación: considerar como parte de sus funciones “misionales” la creación de suelo para beneficio privado. La segunda, por parte del alcalde Cardona, quien ha manifestado públicamente su frustración por las decisiones tomadas a favor del interés general y en contra de los intereses de una empresa privada. Al parecer, la única contradicción que tenía Cardona con la propuesta de POT de la pasada administración, era el deseo de que llevara su firma. Y finalmente, la reacción de la empresa constructora, quien ha desafiado al Concejo y a la ciudadanía para hacer efectivo lo que ellos han defendido como “derechos adquiridos”, y en ese proceso están dispuestos a poner en entredicho el buen nombre de sus contradictores con trasnochadas prácticas propias de la “guerra fría”, acudiendo al “macartismo” y al desprestigio infundado, porque de eso “algo queda”.
Los ciudadanos seguiremos acudiendo a la democracia directa para defender el clamor por la protección del patrimonio ambiental de los manizaleños. Hoy somos conscientes que el cambio climático es una amenaza real. Una de sus principales causas es el tipo de urbanización que se realiza invadiendo los cauces de los ríos y arañando ecosistemas.