El pasado jueves 1º de junio se realizó una significativa marcha en Manizales que es imposible ignorar sus alcances y significado. No era de maestros peleando por la calidad educativa, pero allí estaban; tampoco de estudiantes universitarios, aunque asistieron muchos; menos de sindicatos en defensa de sus pliegos de peticiones, pero expresaron su solidaridad; ni de ambientalistas en defensa de los bosques y el agua, siempre han estado ahí. Reconocí personas del barrio Galán y de Palermo, de Chipre y La Enea, de Solferino y Aranjuez. Esa movilización concentró a los más diversos sectores de la sociedad manizaleña en defensa de la Reserva Río Blanco y en contra de la urbanización Tierra Viva a donde llegarían más de 10 mil personas a perturbar el equilibrio ecosistémico de una zona definida con función amortiguadora por los estudios técnicos más recientes, tanto de la ordenación y manejo de la cuenca del río Chinchiná, como de la Estructura Ecológica Principal de Manizales. Juntos al unísono, coreaban “Todos Somos Río Blanco”.
No exagero en decir que es el tema que más interés e indignación ha despertado en la ciudadanía en las últimas semanas, a tal punto que, en los principales escenarios públicos de discusión sobre los temas de ciudad y territorio, ha estado presente. En el Concejo, en los medios de prensa hablada y escrita, en los foros académicos, en la ciclovía o en los cafés. 
De manera reiterativa he escuchado el reclamo de un concejal del partido de gobierno y del propio alcalde, preguntando ¿dónde estaban los ciudadanos y los ambientalistas cuando se aprobaron las decisiones sobre el Plan Parcial La Aurora desde 2003 hasta el 2015?, y en actitud defensiva han salido a decir que ellos no tuvieron nada que ver con este asunto. Todo hace pensar, según estos funcionarios, que en Manizales como en Macondo sufrimos de la peste del olvido que obligó a José Arcadio Buendía a marcar con un hisopo entintado cada cosa con su nombre para poder recordar su uso, y apenas ahora estamos despertando de un largo letargo, después del cual, descubrimos la mano sombría de algunos fantasmas que transformaron sectores estratégicos de ciudad. 
En ese esfuerzo por recuperar la memoria, un académico me hacía recordar que en 2017 se estarían celebrando quince años desde que se instauró la primera acción popular por la defensa de Río Blanco y en contra de Aguas de Manizales, quien por aquella época pretendía talar varias hectáreas de bosque. En 2004 un juez de la república falló protegiendo la reserva de semejante despropósito, aunque ya el POT había incorporado la finca La Aurora como área de expansión. Otro ciudadano con más de medio siglo a cuestas señalaba los barrios Minitas, Solferino y Cerro de Oro, para recordar con nostalgia que en su infancia aquellos lugares eran bosques espesos a donde iban a jugar en sus bordes no urbanizados. La versión virtual de este diario registra en 2012 la primera noticia sobre La Aurora, en su esfuerzo por subir a la nube las ediciones más recientes publicadas en papel, como en una especie de hisopo macondiano: “Se oponen a que urbanicen La Aurora en Manizales”, titularon. Varios líderes locales del barrio Minitas, junto con habitantes de Bosques del Norte y la Personería pusieron el espejo de la destrucción progresiva de la reserva Monteleón. 
En realidad, lo que ha venido sucediendo ha sido una verdadera batalla social y jurídica en torno al tipo de ordenamiento territorial que queremos. Hasta ahora las fuerzas del mercado se han impuesto sobre los derechos colectivos. Como decía una abogada recientemente, es una contradicción entre la verdad jurídica y la moralidad pública. Existe una mayor conciencia sobre la necesidad de garantizar la justicia espacial como un escenario de confluencia entre lo intangible del derecho y lo material del territorio, es decir, sobre el derecho a la ciudad y al territorio, pero con justicia y equidad. Es aquí donde reside lo novedoso de lo que está pasando en Manizales. La próxima semana se dará apertura al Cabildo Abierto para discutir el POT y los ciudadanos reclamaremos nuevamente la necesidad de sobreponer los derechos colectivos a los intereses privados.