El pasado 17 de agosto se realizó una audiencia pública con el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, sobre “recursos naturales, reserva Río Blanco y territorio”. 
El objetivo principal fue escuchar las más diversas y plurales opiniones relacionadas con el Plan Parcial La Aurora, dados los conflictos ambientales, económicos y sociales que ha generado el desarrollo de este proyecto, después de la aprobación del POT el año pasado. 
En efecto, la exclusión de los predios de La Aurora como suelos de expasión urbana y su reincorporación como suelo rural, debió provocar de oficio la actuación del Municipio, demandando la anulación de las licencias de urbanismo y construcción, para hacerlas compatibles con las nuevas decisiones estructurales del POT. Esto no sucedió, entre otras razones porque, como ya lo hemos comprobado en otros proyectos, no parece haber interés en la dirigencia estatal de la Alcaldía o de Corpocaldas para representar el interés público y colectivo que ellos están en la obligación garantizar. 
Por fortuna, cada día más, la ciudadanía se empodera de los asuntos de ciudad y ejerce veeduría y control a los gobernantes que, desviando su función constitucional, se inclinan más por la defensa de los intereses particulares, en desmedro de la protección del patrimonio público ambiental. 
El movimiento Todos Somos Río Blanco, entre otros actores, han emprendido desde hace seis años acciones jurídicas y cívicas para pedirle a los jueces que suspendan el proyecto como medida cautelar ante la inminencia de un daño ambiental irreparable. A la fecha, la justicia ambiental y territorial no llega. Y mientras tanto, empresarios privados avanzan en la construcción de varias torres de concreto de 10 pisos de altura, en un desafío prepotente a la ciudadanía, a la Estructura Ecológica Principal del Municipio, a la reserva Río Blanco como fuente de agua y al POT vigente. Para lograrlo han talado varias hectáreas de bosque y han comenzado a impermeabilizar los suelos de la llamada cárcava central por donde drenaban las aguas de las laderas que alimentan la quebrada Olivares. 
El procurador general anunció la radicación de un memorial en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Manizales para solicitarle a los jueces celeridad en las decisiones sobre la acción popular que hay en curso desde hace 6 años. Por su parte, el procurador de tierras del Eje Cafetero, Diego Trujillo, anunció que para su despacho los temas ambientales son prioritarios, más ahora en épocas de posconflicto. Por eso se iniciarán acciones para que Corpocaldas y el Municipio ofrezcan las explicaciones del caso sobre las irregularidades y las pruebas que se han venido presentando de tiempo atrás. 
Para la Procuraduría debe estudiarse muy bien el argumento de “derechos adquiridos” cuando se trata de temas ambientales, así como debe aplicarse el principio de “indubio pro natura”, que quiere decir, ante la duda, debe prevalecer la naturaleza. Hizo un llamado a analizar hacia donde estamos creciendo, porque “antes que crecer, las ciudades tienen que madurar”. 
Para la Procuraduría judicial administrativa de Manizales, existen evidencias del incumplimiento injustificado en la definición de las zonas con función amortiguadora por parte de Corpocaldas, así como un posible detrimento patrimonial al contratar un estudio técnico con ese objeto y no aprovecharlo oportunamente, incumpliendo con la aplicación de normas de superior jerarquía. Con fundamento en estos argumentos, la Procuraduría ha coadyuvado en la demanda de medida cautelar protegiendo los derechos colectivos.
El pasado 23 de agosto se realizó exitosamente la Quinta Marcha Carnaval en defensa de la Reserva Río Blanco. Sectores ciudadanos empoderados utilizan todos los medios constitucionales y legales para defender el territorio colectivo de las manos de agentes depredadores que quieren hacer del patrimonio público una fuente de riqueza privada, comprometiendo la calidad del ambiente de las generaciones futuras. 
La intervención de la procuraduría general, del procurador de tierras para el Eje Cafetero y las procuradurías delegadas en Manizales, junto con la Personería, abren una luz de esperanza para que la justicia socio-espacial y ambiental lleguen. De ser así, Manizales podrá iniciar una nueva etapa en el ordenamiento territorial y ambiental, convirtiéndose en ejemplo mundial de acciones concretas para mitigar el cambio climático.