En estos meses donde la ciudad ha puesto sus ojos sobre el nuevo POT que regirá por 12 años el devenir socio-territorial de 400 mil habitantes del municipio, o incluso de 500 mil de la subregión Centro-Sur, la palabra ha adquirido una relevancia especial, pues se trata de debatir, argumentar, convencer y finalmente decidir sobre los asuntos claves de la planeación y administración del territorio. Y en ese propósito se ha ido gestando un gran diálogo entre todos los ciudadanos -especialistas o no en temas de planeación del territorio- sobre los más disímiles asuntos que sensibilizan a la opinión pública. 
El escenario del Concejo Municipal ha sido el foro por excelencia, como debe serlo en una democracia; pero allende sus fronteras, la calle, la plaza, el parque, el café, el bus o el centro comercial, han sido testigos de esos diálogos que construyen ciudadanía. Foucault (2008: 297) en su inspirador libro “Las palabras y las cosas” decía que “en aquel que tiene el discurso y, más profundamente, detenta la palabra, se reúne todo el lenguaje”. Y es justamente eso lo que me ha llamado la atención al detenerme a analizar los discursos de quienes defienden sus posiciones para lograr convencer e incidir en las decisiones de ordenamiento territorial. 
Una primera tendencia muy remarcada en los debates en el Concejo de Manizales fue la necesidad de contar con estudios técnicos que permitan tomar decisiones en propiedad. Pero dependiendo de quien detenta el argumento, el significado cambia. Buena parte de los ciudadanos les reclamaron a las instituciones públicas los estudios de soporte al poner en evidencia que, en los temas ambientales, las recomendaciones de los consultores contratados para el efecto, fueron modificadas sin justificación aparente, en perjuicio de la clara definición y reglamentación de las zonas con función amortiguadora, para señalar solo un caso. Desde las instituciones de gobierno, por su parte, los funcionarios públicos le exigían al ciudadano del común aportar los estudios técnicos en los que se basaban para justificar la afectación ambiental inminente de una Reserva por efecto de la urbanización intensiva en sus umbrales, subestimando el conocimiento empírico que puede dar la “experiencia vivida”. Como si fuera posible poner al ciudadano al mismo nivel de las instituciones en capacidad técnica y recursos disponibles. 
Muy a tono con esas miradas “cuantitativas” y cientifistas sobre el territorio, algunos empresarios de la construcción se preguntaban, por ejemplo, sobre “el valor ambiental” de los predios de La Aurora cuando podrían representar la insignificante cifra del 0,2% de la Reserva Río Blanco. Y a renglón seguido justificaban el proyecto urbanístico argumentando el aporte de 19% de espacio público por habitante, nunca antes visto ni en un proyecto privado ni público. Las cifras, en este caso, se interpretan al amaño para quitar importancia a algo o para sobrevalorarlo, según el interés, pero ni lo uno ni lo otro constituyen criterio de verdad relativa para la toma de decisiones. ¿Acaso podríamos decir que la pérdida de un ojo resulta insignificante por su tamaño relativo en relación con el volumen del cuerpo? Así parece suceder igualmente con la manipulación del indicador de espacio público que funcionarios han incorporado “por decreto” al POT al sostener que Manizales cuenta hoy con 6m2 de espacio público por habitante, en un esfuerzo por inflar las cifras con la inclusión de laderas de protección a dicho indicador, buscando justificar avances que en términos reales no han existido, por el contrario, se han contraído a la par de la expansión urbana reciente. 
Finalmente, resultó interesante el posicionamiento ético-político de cada uno de los actores más representativos en estos debates. Los funcionarios públicos, quienes tienen la función de orientar la política pública, fungieron como “técnicos” cumplidores de la ley, desviando su evidente actitud de abandono de los intereses generales por los privados; los empresarios privados por su parte, reemplazando al Estado en la definición de directrices de ordenamiento territorial, acusaban a la ciudadanía de defender intereses político-electorales cuando sentían que sus argumentos no les eran afines. Y en esa desigual relación, los ciudadanos, posicionándose como opción de poder en la defensa de lo que les es común a todos, el territorio.