Aún se escuchan algunas voces que hablan de la Comuna San José, pero la realidad es que ya queda poco en pie. Resulta mucho más común hablar del Macrodesastre. La razón es sencilla. Desde el punto de vista de la planeación de este territorio, solo quedaron ocho complejas modificaciones del proyecto, casi una por año desde su inauguración, cuyo objetivo fue preparar las condiciones para “habilitar suelo” a fin de ofertarlo al mercado inmobiliario para su redesarrollo. 
Identifiqué el año 2014 como el momento en el que se lograron dos propósitos: por un lado, despojar de la tierra urbana a los habitantes de la Comuna; y por otro, servir en bandeja de plata el producto de ese despojo a un mercado inmobiliario que aún mira con insatisfacción esa bolsa de tierra que con tanto esmero el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Manizales han revalorizado. 
En ese fatídico año se realizó en el parque principal de San José el llamado “Tribunal de Víctimas”. Allí un grupo de abogados prestigiosos recogió los testimonios desgarradores de los habitantes; al final no dudaron en caracterizar el Macroproyecto como un “culturicidio”, un “desplazamiento forzado intraurbano”. Los habitantes de la Comuna San José pasaron de ser ciudadanos a convertirse en “víctimas”, pero sin reconocimiento por parte del Estado, sin derecho a la verdad, a la justicia o a la reparación integral. 
Pero también, ese mismo año, un 29 de diciembre, como suelen hacer los gobernantes cuando toman decisiones que van en contravía del bienestar general, aprobaron la resolución MVCT 092 que permitió definir la estructura financiera de los sectores de La Avanzada y Par Vial Avenida Colón para convertirla en un gran negocio para los privados. En el primer caso, proyectaron utilidades por $2 mil millones; mientras en el segundo, sus expectativas superaron los $85 mil millones. 
Por supuesto, estos valores son ínfimos, si se tiene en cuenta que la verdadera riqueza está en la plusvalía generada por la construcción de la Avenida Colón y los procesos de integración inmobiliaria que permitieron crear un gran lote de más de 110 mil m2 completamente urbanizado, con la aprobación de usos comerciales, servicios y vivienda multifamiliar, alturas promedio de 13 pisos a partir del nivel de acceso, y otros pisos adicionales por debajo de este nivel, de acuerdo a la topografía. Una bolsa total de más de 8 millones de m2 construibles en usos muy rentables.
Toda esa plusvalía, cuyas cifras no alcanzo a dimensionar, no fue incorporada en el diseño financiero de estos dos grandes sectores; se irá a los bolsillos de quienes planean invertir en estos negocios y restará a las finanzas públicas, sistemáticamente diezmadas por las llamadas “vigencias futuras” que, en términos prácticos, constituyen las deudas que todos los manizaleños pagaremos mes a mes por las próximas décadas. 
A los habitantes de la comuna solo les quedaron tres alternativas: vender, comprar en La Avanzada o en el barrio San Sebastián de la Comuna Norte. A los inversionistas les quedaron los lotes pulpitos. Y a los manizaleños, las deudas asumidas para construir las infraestructuras y el espacio público, en nombre del “Nuevo San José”.
Aún quedan voces de resistencia en la Comuna que claman por una reformulación justa del Macroproyecto. Ellos quieren hacerlo a través del Cabildo Abierto Comunal como instrumento democrático para lograr justicia social y espacial. Es de tal magnitud la violación de los derechos humanos fundamentales de más de 25 mil personas que allí habitaron, y la defraudación del presupuesto público que se está dando a la vista e indiferencia de todos, que solo un acompañamiento internacional podría evitar la catástrofe. Es hora de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener el macrodesastre. 
Hago un llamado a los demócratas de Manizales, Colombia y el mundo, para que hagamos causa común por la defensa de la Comuna San José y de sus habitantes. Tenemos que parar esta práctica cotidiana perversa de despojar a los ciudadanos de la propiedad habitacional lograda en años de trabajo, para convertirla en centros comerciales, almacenes de cadena y avenidas. 
Manizales debe ser una ciudad digna que respete los derechos de los ciudadanos.