El Comité Intergremial de Caldas se hizo solidario con la constructora CFC&A en relación con las críticas al POT recientemente aprobado. No sorprende, pues el CIC se debe a las empresas, especialmente a las más grandes, y por tanto es su vocero incondicional. 
Nuevamente pusieron sobre la mesa dos asuntos que los gremios ya habían planteado como argumentos para justificar el modelo de ciudad desparramada: las limitaciones al acceso a la Vivienda de Interés Prioritario por el supuesto incremento del costo de la tierra, y la inseguridad jurídica de los empresarios para desarrollar sus proyectos. Más allá de insistir sobre unos temas ya resueltos por el POT, la declaración del CIC demuestra que los gremios no están dispuestos a aceptar las decisiones que se tomaron democráticamente por el Concejo y el cabildo abierto. Muy seguramente los veremos intentando modificar estas decisiones a través de estrechos conciliábulos, lo cual sería un pésimo precedente para la cultura democrática y para el POT como expresión de consensos de mediano y largo plazo sobre los procesos de ocupación territorial. 
El CIC desinforma a la ciudad con sus argumentos y esconde en ellos su malestar porque la confianza que tenían en conservar una sobreoferta de suelos como lotes de engorde, no les resultó favorable en esta oportunidad. Ese malestar lo asemejan a la pérdida de la seguridad jurídica, lo cual es falso, porque la ley 388/97 es clara en permitir la revisión de los contenidos estructurales del POT cada tres períodos constitucionales de gobierno a fin de corregir errores o promover cambios de tendencias en el ordenamiento territorial. Esto igualmente contradice los supuestos derechos adquiridos que tienen los privados respecto de las decisiones de ordenamiento territorial como lo hemos explicado en otras oportunidades y en los propios debates en el Concejo. 
La inseguridad jurídica no viene de los cambios del POT, más bien, la ha provocado los alcaldes cuando le entregan a los privados los predios que fueron expropiados en nombre del interés general para la construcción de VIS y VIP, tal y como sucedió con las 18 hectáreas del sector de la Baja Suiza. Pero sobre este tema callan los gremios y el CIC porque son sus directos beneficiarios. 
Los gremios de la construcción querían tener 873,51 hectáreas de suelo de expansión urbana. “Solamente” obtuvieron 405,57 hectáreas, más otras 500 de suelo urbanizable en el interior del perímetro urbano, como lo anunció la secretaría de Planeación. A esto se suman las 1812,07 de suelo suburbano. Es decir, que tendrían más suelo del que tenían previsto. Como en el cuento de Rafael Pombo, la pobre viejecita no tenía nada que comer, “sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez”. 
Durante quince años de vigencia del POT los constructores no desarrollaron los predios que ya estaban aprobados al suroccidente de la ciudad, pero querían incorporar otras 368,23 hectáreas comprometiendo la Estructura Ecológica Principal del municipio, además de las 56,11 hectáreas del predio La Aurora, cuyas licencias dejaron vencer en años anteriores. Ahora dicen que el Km 41 y El Rosario se demorarán en su ejecución porque no tienen redes matrices, aspecto que debieron adelantar durante la vigencia anterior. Pero lo cierto del caso es que tampoco participaron de la construcción de VIP en la Comuna San José que representa 110 hectáreas de suelo urbano con toda la infraestructura disponible. 
Bajo el prurito de argumentos técnicos espurios, el CIC busca imponerle a la ciudad su agenda urbana por la puerta trasera. Esto es inadmisible en un estado social de derecho. Es cierto que no tenemos el mejor POT, sin embargo, una vez aprobado, los esfuerzos principales deberían estar orientados a avanzar en los vacíos, consolidar las decisiones y desarrollar los instrumentos normativos que aún faltan para poder hacer una gestión urbana democrática y al servicio de todos los ciudadanos.
Las presiones indebidas de los privados, que incluyen las demandas jurídicas a algunos ciudadanos que participaron en el debate público del POT, demuestran el grado de soberbia de los gremios económicos. Desde esta columna, expreso mi solidaridad con el concejal Carlos Mario Marín y el líder social Darío Arenas, víctimas de acusaciones infundadas.