La marcha del proceso de paz nos está mostrando varias cosas: la fortaleza de la decisión de las Farc-ep de retirarse de la lucha armada, la dificultad del Estado para cumplir con los compromisos mínimos relacionados con la dotación y sostenimiento de las Zonas Veredales de Consolidación y Normalización así como su llegada a las regiones abandonadas por la insurgencia, y como no, la persistencia insensata e interesada de aquellos a los que solo les sirve la continuación de la guerra como mecanismo más seguro para perpetuar sus privilegios, que arrastran a personas que se niegan a entender que su mejor futuro está en ese país más incluyente y próspero que podamos construir a partir del silenciamiento de los fusiles.
La legislación de paz también nos presenta sus efectos en el contexto de la libertad personal, ya que la llamada Ley de Amnistía e Indulto con su decreto reglamentario, han abierto las puertas de la cárcel no solo a guerrilleros sino también a varios militares, entre ellos al general Uscátegui, con lo que se pone en evidencia que no era para favorecer solo a un sector sino a todos los actores del conflicto.
Por eso mismo se espera que el Acuerdo de Paz, que tiene como eje cardinal la reivindicación de la tierra para los campesinos, produzca efectos en dos niveles de los vinculados con el conflicto: los empresarios del campo y los campesinos cocaleros.
La reconstrucción de la memoria histórica nos tiene que mostrar que ser ganadero, palmicultor, o cultivador de teca no es automáticamente indicio de paramilitar, o de guerrillero si lo que siembra es coca o marihuana. Para lograr una reconciliación es necesario mirar a los empresarios del campo con la misma comprensión con que se atiende a los combatientes, y entender con el detalle necesario en qué casos estos personajes se concertaron con los paramilitares para que asolaran los territorios que querían para su explotación, y en esa medida promovieron desplazamientos y masacres, y en cuáles se trató de situaciones diferentes, de forjadores honestos de empresa agrícola; y dar respuestas distintas a cada uno. Pero sin generalizar ni homogenizar, porque en el conflicto hay más colores que el blanco, el negro y el rojo.
La Corte Suprema de Justicia, en una decisión muy afortunada, acaba de autorizar la libertad condicionada, propia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para aquellos ciudadanos que siendo procesados en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, decidan pasarse a la JEP. Esperemos que esa magnanimidad llegue también a los pequeños campesinos que en el contexto del conflicto fueron obligados o ilusionados por la guerrilla con los cultivos de coca, quienes finalmente se encontraron con la ruina, originada en la ilegalidad del negocio así como en los procesos penales que se abrieron en su contra por “narcotraficantes”, y para completar, con la extinción de dominio que sobre sus predios -minifundios todavía con olor a café, caña o cacao, que era todo el patrimonio familiar- se inició, y en muchos casos se consolidó. Varios de ellos en Samaná.
La devolución de la tierra a los campesinos y el manejo racional del problema de las drogas, son, con la participación política, los puntos nodales del Acuerdo de Paz que buscan garantizar la no repetición. Ahora que hablamos de reconciliación, de reconstrucción fiel de memoria histórica, de devolución de tierras a los campesinos, de garantías de no repetición, es hora de reemplazar la cárcel por la generación de empresas asociativas entre campesinos y empresarios, de cooperación, de progreso, de futuro.