Vivimos tiempos aciagos. De ello no hay duda. Desde el alba hasta el ocaso somos bombardeados con noticias desoladoras que nos hacen dudar de nuestro futuro. Parece que faltaran luces en el horizonte que nos permitan soñar con un mejor porvenir. Pero sería un despropósito culpar al presidente Duque de todos los males que afectan nuestra patria. Durante la actual crisis ha demostrado cualidades que deben ser destacadas al igual que yerros que, sinceramente, creo que como sociedad le hemos cobrado en exceso.
 Iván Duque llegó a la primera dignidad nacional a una edad en la que otros ni siquiera han definido su futuro. Para sus malquerientes, su juventud es sinónimo de la inexperiencia e improvisación. Para sus defensores, sus escasos calendarios le imprimen bríos y el deseo de hacer las cosas bien. Para decantar el rol que nuestro presidente ha jugado en la actual crisis, es justo hacer un balance de su gestión durante últimos acontecimientos.
 Primero el florero de Llorente. El gobierno se equivocó al proponer una reforma tributaria sin la debida pedagogía con las clases trabajadoras y una nutrida socialización con todos los sectores. El afán que tenía para cuadrar las finanzas de la nación se convirtió en la cruz sobre la cual terminó sacrificado. Pero este fue solo el detonante. Cualquier otra propuesta hubiese tenido el mismo efecto porque desde hace meses se venía preparando la convulsión que ahora padecemos. Grupos de terror – que no son lo mismo ni representan al movimiento social –, estaban agazapados esperando el momento oportuno para generar el caos que pusiera de rodillas al ejecutivo. Tanto el gobierno como el Comité Nacional de Paro han coincidido en reprochar los actos de violencia expresando con contundencia que estos grupos no hacen parte de la protesta. En otras palabras, son movimientos terroristas urbanos empeñados en generar el mayor caos posible mientras se confunden con personas de bien que solo buscan elevar una voz de protesta.
 Pero como sociedad hemos empezado a censurar a quienes actúan en el marco de la ley y hemos sido complacientes con los criminales que destruyen las ciudades donde vivimos y donde esperamos educar nuestros hijos. Mientras a los delincuentes que establecen retenes ilegales y cobran hasta un millón de pesos por permitir el paso de alimentos les rogamos abrir “pasos humanitarios” que permitan que circule la comida, el combustible o las medicamentos; al gobierno le increpamos con dureza el hacer uso de las facultades que el artículo 154 de la Constitución Política le atribuyó en materia de iniciativa legislativa. Carece de sentido entonces que algunos partidos, con representación parlamentaria, hubiesen promovido estas manifestaciones cuando disponían de otras instancias para controvertir el texto sometido a su conocimiento.
 Pero de incoherencia no se puede culpar al presidente de la República. Mientras los promotores de paro lo juzgaron de falta de voluntad política, su gobierno se expresó a favor de una negociación que pusiera fin de las manifestaciones populares. Mientras los estudiantes solicitaron la matrícula 0 para las clases menos favorecidas, él dispuso los mecanismos necesarios para asegurar la matrícula gratuita para hogares de estratos 1, 2 y 3. Mientras se le demandó a través del comité de paro incrementar la velocidad en los programas de vacunación, él anunció el inicio de la fase 3 que garantiza la inmunización para docentes y personal de la fuerza pública. Falta mucho por hacer. El gobierno tiene por delante la tarea de profundizar la conexión ciudadana y acercarse al clamor popular para escuchar las necesidades que todos tenemos. Es su deber sensibilizarse aún más con el llanto del niño o la angustia del desempleado. Pero, en justicia, merece las segundas oportunidades que en nuestra sociedad le hemos dado a otros que si han cometido crímenes de lesa humanidad.
 Como colombianos debemos rodear al presidente porque, como lo expresa nuestra Constitución, que es la misma que los manifestantes juran defender, “nuestro presidente simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.