El anuncio de las Ofertas Públicas de Acciones (OPA) del Grupo Gilinski sobre dos de las principales empresas del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA – fue toda una novela que promete segundas partes. Los primeros capítulos que vimos durante los dos últimos meses del 2021, dejaron en evidencia una configuración accionaria, legal en todo caso, diseñada para mantener el control de ciertos grupos de poder sobre las empresas del emporio económico, dejando a un lado la participación de los accionistas minoritarios y la subsiguiente pérdida de valor para sus inversiones.
 Este enroque accionario permite que las empresas del GEA sean las principales accionistas entre ellas. De esta forma Argos es el principal accionista en Sura y a la inversa. Esta última es la principal accionista en Bancolombia y controla a Protección. Por su parte Nutresa es el comodín que garantiza las mayorías en Argos y Sura y con ello, la mayoría de control en las empresas del GEA. Con esta estructura se comprende el interés de los empresarios caleños por Sura y Nutresa, las cuales le garantizarán la puerta de entrada a todo el conglomerado.
 Pero el gran dolor de cabeza es el precio. Antes de la divulgación de la OPA, las acciones de Nutresa cotizaban a 22 mil pesos. Hoy su cotización se encuentra suspendida a raíz que el grupo Gilinski ofreciera pagar 10,48 dólares por acción, lo cual representa cerca del doble del valor de cotización inicial de la especie. Lo propio ocurrió con las acciones de Grupo Sura que antes del inicio de esta novelesca historia cotizaban a 24 mil pesos en promedio. Hoy su negociación se ha suspendido después que el Grupo Gilinski ofreciera 9,88 dólares por acción. Igualmente, cerca del doble de la cotización inicial.
 Pese a estos jugosos ofrecimientos, los accionistas del Grupo Empresarial Antioqueño han rechazado insistentemente las ofertas recibidas, argumentando que el valor ofrecido se encuentra muy por debajo del valor intrínseco de las compañías. Y ahí fue troya.
 Las acciones de Sura y Nutresa se han cotizado por años prácticamente a la mitad (50%) del valor ofrecido por el grupo Gilinski, y durante lustros sus directores no tuvieron ningún reparo frente a dicho valor abiertamente lesivo para los accionistas minoritarios. Sin embargo, al momento que un pez gordo entra al estanque, los demás se quejan del tamaño de la pecera.
 La conducta esgrimida por directivos de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño deberá evaluarse a la luz de lo contemplado por la Ley 222 de 1995, que les impone a estos la obligación de actuar bajo los principios de diligencia, lealtad, buena fe y obrar en interés de la sociedad.
 Es precisamente este último principio el que en apariencia se ha visto lesionado dado que, de acuerdo con la conformación de la estructura societaria de las compañías del GEA, el accionar de los directivos se ha orientado a permitir la mayor concentración accionaria en cabeza de unos pocos al menor precio posible. De otro modo no se puede explicar la razón por la cual los precios de las acciones de Sura y Nutresa fuera un precio aceptable de compra cuando las mismas empresas (accionistas) se compraban entre ellas, pero el doble del mismo precio fuera abiertamente lesivo cuando el conglomerado caleño intentara adquirirlas.
 Cuando menos la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera deben a los accionistas minoritarios un reporte que despeje cualquier sombra de duda sobre la forma como el GEA ha actuado por décadas, manteniendo las empresas más representativas de Colombia por debajo de su valor real e hiriendo el bolsillo de miles de accionistas minoritarios que confiaron en ellos.