Juan Álvaro Montoya


Es sublime la noción de justicia. Inspira a poetas, literatos, músicos y, desde luego, juristas. Imprime su sentido de igualdad a todo cuanto irradia y se convierte en la fuente de lucha para generaciones que se han visto sometidas a cadenas y yugos que las oprimieron. Podríamos aseverar que esta es en la actualidad la semilla del derecho del cual emerge el árbol de la igualdad.
Sus orígenes bien podrían situarse cuando el hombre abandonó el estado de barbarie y dio paso al surgimiento de la familia, como institución colectiva tal como lo describe Friedrich Engels. En esta alborada de la humanidad, surgió la necesidad de establecer reglas de conducta para orientar el comportamiento y fijar los límites de cada individuo. Ya no sería la fuerza la prerrogativa general para imponer la voluntad, sino que el derecho daría paso al surgimiento de un marco legal que determinaría lo que era justo o no, según la época.
De esta forma en Grecia se adoptó el vocablo “iustitia” que conserva la raíz “ius” que significa derecho y se empleó en la acepción de “lo justo”. En la Biblia este término aparece más de doscientas veces y se emplea, de modo general, para significar la identidad entre lo que se hace y la voluntad de Dios expresada a través de la ley y los profetas. En Roma se convirtió en una verdadera institución que ha trascendido los siglos y ha inspirado los sistemas normativos de todo el mundo occidental, con un influjo de superioridad filosófica, política, moral y hasta religiosa. En las naciones islámicas, se imparte de acuerdo con la norma espiritual consagrada en el Corán. Finalmente, los pueblos orientales adoraban a sus emperadores como deidades que dictaban las leyes en un modelo jurisdiccional creado a la medida de su autoridad. En todos los casos, la vida del hombre en sociedad derivó en la conformación de un orden superior que dictaminara lo que se debía o no hacer. A esto se le llamó justicia.
Aristóteles en su obra titulada “Moral a Nicómaco”, abordó la “primera especie de justicia” al expresar “… si lo injusto es lo desigual, lo justo es lo igual; esto lo ve cualquiera sin necesidad de razonamiento; y si lo igual es un medio, lo justo debe ser igualmente un medio… Si las personas no son iguales, no deberán tampoco tener partes iguales…. Así, pues, lo justo es algo proporcional.” De allí derivó la máxima aristotélica que “la justicia es igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales”. Con fundamento en esta concepción se mantuvieron vigentes por dos milenios figuras como la discriminación a la mujer, la esclavitud, la exclusión debido a la capacidad económica, hasta las penas de prisión, destierro o muerte para aquellos no se consideraban iguales.
Semejantes postulados que hoy podríamos considerar como injustos inspiraron a la humanidad, hasta que en 1789 la revolución francesa propuso el lema de “igualdad, libertad y fraternidad” que dio paso a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa de aquel año y cuyo artículo primero expresa el sentido profundamente humanista de su contenido: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común”.
Este espíritu igualitario fue corroborado como un fenómeno natural y fisiológico en el año 2008 por un grupo de científicos de la UCLA al detectar que la noción de igualdad activa la misma parte del cerebro que determina la necesidad de alimentarse, por lo cual se puede concluir que el deseo de ser tratado de manera homogénea con nuestros semejantes es natural a nuestra condición humana.
Con esta breve introducción, se pone en perspectiva la iniciativa que el gobierno ha denominado “Reforma a la Justicia”, que en realidad debería llamarse “Reforma a la administración de Justicia”. Su contenido solo fue presentado hace dos días al Congreso de la República y deberá ser materia de análisis por parte de la sociedad colombiana, pues en ella se abordan temas de fondo como el precedente judicial, la seguridad jurídica, los sistemas de elección de las cortes y desde luego la sonada inhabilidad para altos funcionarios que pretenden postularse para la Presidencia de la República.
Esta semana será determinante para conocer el calado de la pretendida reforma y su incidencia en la vida nacional. Su aprobación es una necesidad, pero su contenido deberá ampliarse a temas tan cruciales como la independencia y prontitud en la resolución judicial, el choque de trenes, la reforma a la tutela, el aumento de funcionarios y la anhelada descongestión. El debate de esta reforma concierne a todos los colombianos y no podemos ser inferiores a este reto.
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