Una premisa. El dilema de pagar o no pagar impuestos no se discute. Los cobros tributarios han existido desde siempre y serán nuestro yugo hasta la sepultura. Como lo expresó Benjamín Franklin “la muerte y los impuestos son las dos únicas cosas ciertas en esta vida”.
Sin embargo, los sistemas impositivos no pueden ser implementados sin un adecuado estudio de sus implicaciones. Una baja carga fiscal devendrá en la carencia absoluta de recursos para soportar el funcionamiento del Estado. Por su parte, unos impuestos excesivamente altos frenarán en seco la economía y supondrán el cierre de numerosas unidades de negocio y la pérdida de empleos. Como lo dicen coloquialmente algunos empresarios que claman por salvaguardar sus pequeñas empresas: es preferible que el Estado reciba el 30% de algo que el 90% de nada.
A este contexto se debe agregar la noción de progresividad tributaria. Quienes más tienen más deben pagar. Aunque en principio esta premisa contraría el elemental derecho a la igualdad, no es menor cierto que la tendencia normativa a nivel global propende por una graduación diferencial de acuerdo con los niveles de ingreso. La pregunta central sería: ¿Cuál es el justo medio?
La reforma tributaria propuesta por el gobierno actual tiene una amalgama enorme de intereses que pujan para encontrar este aspecto central. Por una parte, están las promesas de campaña y que fueron repetidas de manera insistente a sus electores en la cual se expuso sin cansancio que había que sacar el dinero de bolsillo de los ricos para financiar a los desposeídos. Noble propósito que nadie cuestiona y que hace parte de una elemental noción de solidaridad. Contribuir con una porción de su riqueza para estimular la superación de las condiciones de pobreza debe ser un norte en cualquier Estado Social de Derecho. El problema no es hacerlo sino saber cuál es la medida exacta para no estrangular la economía.
En el otro extremo se encuentran las comprensibles alarmas encendidas por las personas que integran el tejido empresarial colombiano. Nuestra patria es territorio fértil para emprendedores. Desde el alaba hasta el crepúsculo llevan sus vidas en función una sola actividad que parece su mantra: trabajar, trabajar y trabajar. Y por emprendedores no me refiero a los magnates que vuelan en avión privado entre Bogotá y Medellín o que han internacionalizado sus industrias para cotizar en la bolsa de Nueva York. Los nuestros son en realidad autoempleados a quienes el mercado laboral les ha cerrado las puertas en sus narices y que han debido reinventarse para no caer en la miseria. Venta de alimentos, pequeños restaurantes, tiendas, supermercados de barrio, calzado, vestuario, comercialización de seguros, venta y reparación de celulares, y un sinfín de productos y servicios que sacamos de la manga como medio de subsistencia para llevar el pan sobre la mesa. Estos son quienes elevan una voz de alarma por el acorralamiento en que lo expone la reforma tributaria y que ahora el ejecutivo considera los ricos de Colombia.
Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la doble tributación por los mismos hechos económicos, principio prohibido por la ley tributaria y ratificado reiteradamente por la Corte Constitucional. El texto que próximamente será debatido en el Congreso grava a una tarifa expropiatoria los dividendos obtenidos por los accionistas de las sociedades comerciales. A pesar de que éstas ya tributaron y pagaron los impuestos por estas ganancias, se le exige al socio que pague un segundo tributo por los mismos beneficios cuando se trasladan a su bolsillo.
No muy lejos se encuentra el gravamen a la ganancia ocasional por la venta de vivienda usada. Parece que para el gobierno resulta insuficiente pagar un inmueble durante décadas con altas tasas de interés, pagar el impuesto predial, valorización, crédito hipotecario y realizar los mantenimientos constantes que éste demanda. Ahora al venderlo será necesario entregarle el 39% de esta valorización a las arcas del erario para financiar al ejecutivo.
La actual administración espera recaudar 25 billones adicionales por la reforma tributaria, más 40 billones que se ahorrará por el desmonte al subsidio de los combustibles. En total 65 billones sobre un presupuesto de 405 billones (16% del total) que a la fecha parecen no tener destinación específica ni claridad en la forma de inversión.
No cabe duda de que la reforma tributaria nos pondrá a sudar a todos sin excepción. Solo esperamos que el dinero no se vaya en creación de burocracia, ministerios y subsidios eternos que han demostrado ser ineficientes para superar las condiciones de pobreza en Colombia.