-  ¿Cómo has superado la pandemia, te sirvieron los alivios del Gobierno?
-  En absoluto – Fue su respuesta tajante.
-  ¿Qué sucedió?
Después de un corto silencio, inició un breve relato que me dejó absorto.
-  Pasa lo de siempre en Colombia. Las promesas se quedan solo en eso. Nada se concreta. Con el inicio de la crisis se anunció la posibilidad de devolución de saldos de la DIAN en dos semanas. A la fecha, y después de realizar mil solicitudes donde encontraron que toda nuestra operación estaba en regla, nos informaron que el expediente se encontraba en estudio. Los quince días iniciales que prometía la norma, en la práctica se han convertido en 5 meses y contando.
-  ¿Y los créditos? Inquirí en medio del asombro por su relato.
-  Nada. La historia es la misma. Solicitamos un préstamo con respaldo del Fondo Nacional de Garantías bajo el programa “Unidos por Colombia”. Esto lo hicimos en abril y lo negaron dos veces. A pesar de estar dentro de uno de los sectores más afectados por la cuarentena, nuestro banco encargado de aprobar el crédito, lo ha negado argumentando que tendremos dificultades para recuperarnos económicamente. Pero acaso existe alguna empresa que no vaya a tener las mismas dificultades.
-  ¿Y qué piensas hacer? Pregunté ante la trágica historia.
-  En estas circunstancias no podemos sostener los 57 empleos que se generan. Liquidaremos la sociedad. Ya lo decidimos.
Este corto relato es el inicio de una historia que se repite por decenas en la actualidad.
Pero este no es el contexto para todas las compañías. Existen otras, mucho mas privilegiadas, que pertenecen a sectores de concentración de poder que no tienen la misma experiencia. Tal es el caso de Avianca. La otrora aerolínea criolla, que hoy se ha domiciliado en Panamá, se ha caracterizado por estar en el centro de la polémica corporativa desde hace varias décadas. Sus accionistas, sus prácticas, sus procesos de quiebra, sus cuestionables políticas tarifarias hacen de ésta, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Dos razones principales me llevan a protestar por el cuestionable crédito del ejecutivo que ubica a los ciudadanos más pobres de nuestra patria como prestamistas de ricos conglomerados económicos que hoy detentan las acciones de la aerolínea panameña.
En primer término, se encuentra el monto. Esta cifra es, por mucho, una de las más significativas erogaciones que hará el Estado en épocas de covid. Si bien es claro que se trata de préstamo y no de una donación, con lo cual aparentemente no se afecta el patrimonio público, es imposible evitar comparaciones con el débil tejido empresarial colombiano compuesto por pymes que difícilmente llegan a fin de mes con sus cuentas al día. Como sucedió con la historia de apertura, a muchas se les han negado las operaciones por parte de intermediarios del sistema financiero bajo premisas peregrinas que no se compadecen con la realidad. Nótese que el empréstito que se hará representa el 27,6% del total destinado para apoyo a capital de trabajo de todas las empresas de Colombia, y los 1,38 billones que desembolsará el gobierno, equivalen a 17 veces la capitalización bursátil de la compañía. Es una locura.
En segundo lugar, sus accionistas. EEUU, Francia, Alemania, Inglaterra o Portugal apoyaron SU industria aérea. Pero Avianca ya no es un emblema nacional. Es una firma con domicilio principal en Panamá, con socios Brasileños (BRW Aviation) y Norteamericanos (Próximamente United cuando hagan efectiva la conversión en acciones de un préstamo de 500 millones de dólares). Bajo esta operación estamos destinando el dinero de las pensiones de todos nosotros para financiar multinacionales cuyas raíces extranjeras que no contribuyen al país.
Se pueden adoptar otras políticas para satisfacer la demanda interna y proteger los empleos de la compañía como ofrecer sus rutas a cambio de vincular su fuerza laboral. Pero, otorgar un crédito expedito para beneficiar a una sola empresa, raya en el favoritismo. Esto es indignante.