Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2012, el mundo árabe vivió lo que fue conocido como “La primavera árabe”. En este proceso, una serie de alzamientos populares se vivieron en el Líbano, Kuwait, Sudán, Jordania, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Palestina, Baréin y, desde luego, Siria. Cada uno de ellos representó el nacimiento de una nueva clase juvenil que se revelaba contra regímenes opresores del mundo árabe y soñaban con hacer parte de un escenario internacional cada vez más pluralista. Estos procesos sociales implicaron el derrocamiento de tres gobiernos, dos guerras civiles, cuatro naciones que cambiaron sus formas de gobierno y tres Estados más con acumulada inestabilidad política que aún persiste después de una década.
 Si bien es cierto que muchas de las aspiraciones tienen un sólido fundamento democrático que es necesario respetar y respaldar, resulta incontrovertible el inmenso costo que ello representó. El balance final en muchos casos resulta desolador y en otros se encuentra en un punto muerto que yace sepultado bajo los cuerpos de miles de hombres, mujeres y niños que ofrendaron su vida en vano. En estas protestas la democracia parece ser una ilusión de difícil alcance. Los cantos de batalla que propenden por más oportunidades para todo el colectivo social terminan sepultados por los intereses, generalmente ocultos, de líderes que priorizan sus verdaderas intenciones sobre las aspiraciones populares.
 En Túnez la “Revolución de los Jazmines” representó la renuncia del presiente Ben Ali que gobernaba desde 1987. Tras casi dos años de turbulencia continua se adoptó una nueva constitución que en esencia mantuvo el statu quo de las limitaciones a la población civil en un país que restringe duramente la libertad religiosa. En efecto, el artículo 1° de la nueva carta política tunecina establece la religión musulmana como religión oficial del Estado, la cual debe ser profesada por el presidente de la República y los máximos dignatarios. En esencia los cambios fueron pírricos.
 En Egipto la “Revolución Blanca” conllevó a la dimisión del Hosni Mubarak que había gobernado el país desde 1981 como consecuencia del asesinato del Anwar El Sadat. Después de intensas manifestaciones en su contra, Mubarak y su círculo más cercano se vieron forzados a renunciar. Después de una serie de gobiernos de transición se proclamó una nueva constitución que, al igual que en Túnez, mantiene una fuerte presión sobre las condiciones de vida de sus ciudadanos. Nuevamente se regresó al statu quo.
 Pero la cereza del pastel se la lleva Siria. El gobierno dirigido por Bashar al-Assad, que cuenta con una recia defensa de Rusia, reprimió con violencia los manifestantes que, sin otra opción, terminaron por convertirse en grupos de oposición. Estos enfrentamientos han devastado el país y conformado al menos a cuatro beligerantes que se disputan franjas territoriales de manera indefinida para controlar, algunos de ellos, el negocio de la guerra y el tráfico de drogas que ve a Siria como un puerto para ingresar desde el Mediterráneo al Medio oriente. Hoy la primavera árabe en Siria se ha convertido en una pesadilla que acumula cerca de medio millón de muertes, una hambruna generalizada, la economía destrozada y el desplazamiento forzado de más de diez millones de personas.
 En un reciente informe Amnistía Internacional expresó que “Mucha gente albergaba la esperanza de que esa “Primavera árabe” instauraría nuevos gobiernos que traerían reformas políticas y justicia social. Pero la realidad es que hay más guerra y violencia…”.  Esta escueta afirmación nos debe conducir como nación a considerar mejores opciones para reivindicar la justicia social antes de hacer de nuestra tierra un estado fallido. Hoy los paros, las protestas, los saqueos, los destrozos, los bloqueos, los excesos de algunos miembros de la fuerza pública y la extrema polarización de la sociedad colombiana nos han conducido a lamentar los oscuros tiempos actuales que, con justicia, deberían llamarse “El invierno colombiano”.