Todo es relativo; es una audacia generalizar. Quienes toman decisiones sobre asuntos que afectan y señalan rumbos a comunidades numerosas, parecen desconocer lo dicho al principio e invocan parámetros impuestos por “estudios” socio-económicos arbitrarios, en el sentido de que no discriminan grupos diversos; o se apoyan en modelos incompatibles: cultural, social y económicamente. Tales estudios los justifican aduciendo que provienen de universidades o de eminentes teóricos. Y otros, que soportan decisiones oficiales de trascendencia, son encargados a consultores privados, que negocian con el Estado investigaciones cuando están descolocados, o favorecen a parientes cercanos o amigos de altos funcionarios. Los mamotretos que producen tales asesores, por los que se pagan gruesas sumas, suelen terminar engavetados, sin ningún uso práctico.
El salario mínimo legal, que adoptan empresarios, sindicalistas y el equipo económico del gobierno, se convierte en un regateo de porcentajes que no soluciona la aberrante desigualdad social, sino que atiende intereses de los empresarios y favorece variables macroeconómicas del gobierno, como la inflación, invocando que se busca promover el empleo formal y favorecer a los más pobres. Esa es una falacia.
Los empleadores son grandes, medianos y pequeños, cuyos costos, en proporción a factores como el volumen de negocios, son muy distintos. Las grandes empresas pagan mejor, pero controlan sus nóminas con la tecnología sustitutiva y la contratación por períodos cortos, para eludir parafiscales y mover las nóminas a conveniencia. Industrias y comercios medianos y pequeños son más vulnerables.
Los efectos inflacionarios de los salarios no son como los pintan los tecnócratas. La realidad es que, a mejores salarios, más demanda de bienes y servicios. Y a mayor demanda más producción, lo que genera más empleo y dinamiza la competencia, que es un regulador natural de los precios (la ley de la oferta y la demanda, que es inexorable), a menos que se conformen carteles para concertarlos, lo que es un delito. Ese es otro cuento. Es normal que los empresarios quieran ganar más con menor esfuerzo y tributar al Estado lo menos posible. Pero subsidiar privilegios fiscales y altas pensiones con plata de los trabajadores es una debilidad de los gobiernos, cuyos mentores hacen comparaciones con otros países del entorno, que sufren de los mismos males, y amenazan con la fuga de capitales. Pero no reconocen que muchas de las grandes empresas colombianas son adquiridas con capitales fugados de países desarrollados, que emigran a buscar mano de obra barata, baja tributación y gobiernos sumisos. Otra versión, es carreta para embaucar incautos.