La institucionalización del sistema de escoltas para protección de altos funcionarios del Estado, o ex, y sus familias, incluidos carros blindados y conductores, excede los límites de la lógica, genera un gasto altísimo para los presupuestos oficiales, ocupa personal que debía destinarse a la seguridad ciudadana y apenas sirve para que brille la imagen de personajes con ínfulas de importancia, sin más relevancia que su vanidad. Pero, peor aún, esos escoltas, que debían dedicarse a proteger líderes sociales amenazados, son ocupados por sus “protegidos” para hacerles mandados a sus parejas, acompañarlas a mercar o a eventos sociales y para llevar y traer niños de los colegios. Y para bostezar mientras los jefes toman whisky en los clubes sociales.
Cuando el déficit fiscal apremia, a los tecnócratas del alto gobierno solo se les ocurre hacer reformas tributarias, lo que implica incrementar rubros que afectan al consumidor primario, porque lo que tengan que pagar de más los productores se le traslada al que merca, paga transporte, compra ropa y demás. También los “sabios” proponen mantener bajo el incremento del salario mínimo, aduciendo que es inflacionario. Y, en contra de la ley, se contratan trabajadores oficiales a corto plazo y sin prestaciones. O se cumple la austeridad en el gasto recortando las nóminas por los trabajadores de base, es decir, obreros y aseadoras. Los expertos y consultores del alto gobierno, para aliviar las finanzas, no dejan de coquetearles a las pensiones, y proponen aumentar la edad de jubilación y las semanas que deben cotizarse para adquirir el derecho, echando mano de estadísticas sobre “expectativa de vida”, comparando a Colombia con países europeos, como si fuera lo mismo cultivar flores en Holanda o frutales en Andalucía, que coger café, cortar caña o arrancar yucas en nuestro país. Pero, eso sí, ninguna propuesta de reforma pensional toca a la alta burocracia, a los magistrados del olimpo judicial y a los congresistas. El porcentaje de lo que cuestan las pensiones de estos tres, en comparación con el resto de jubilados, y las condiciones para adquirirlas, es aberrante. El desequilibrio es infame. Pero parlamentarios y magistrados tienen la sartén por el mango. Cualquier reforma pensional tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional, contar con que la Corte Constitucional la declare exequible y ser sancionada por la presidencia. Mano lava mano. Y estas altas instancias, como los bomberos, entre ellas no se pisan la manguera. Mientras tanto, trabajadores rasos y campesinos, a quienes les burlaron los patronos las cotizaciones para pensionarse algún día, aprovechando su ignorancia, terminan pidiendo limosna, cuando los años y los achaques no les permiten trabajar.