Funcionarios del Estado, coreados por los gremios interesados, de tarde en tarde plantean temas sensibles para el interés general. Mejor, los desempolvan. Uno de ellos es el de las pensiones. En el debate participan expertos con propuestas parcializadas y ciudadanos encuestados por los medios, cuyas opiniones se codifican por estratos sociales, rangos económicos, edades y sexos, para que finalmente no sean tenidas en cuenta. Para legalizar su implementación o reforma, los proyectos de ley se someten a la consideración del Congreso Nacional, al análisis de la Corte Constitucional y a la sanción presidencial. Elaborados por tecnócratas, detrás de ellos están las partes afectadas deslizando propuestas por debajo de la mesa o “untando” voluntades a su favor. El debate que suscitan tales proyectos de ley en las cámaras legislativas, más que favorecer a los electores, atiende intereses de gamonales, capos y cacaos que patrocinan a los padres de la patria. Sobre el tapete está nuevamente el tema de las pensiones, que tiene que resolver dos asuntos cruciales: los recursos para cubrirlas, buena parte de los cuales proviene del presupuesto nacional, y la cobertura. Ésta, finalmente favorece a los más tragones y deja en el aire a quienes verdaderamente la merecen. Los que representan a los pensionados pobres en las marchas contra el sistema son ineficientes. Las cosas las resuelve el Gobierno esperando pacientemente a que los marchantes se cansen de gritar y caminar y a que las pancartas alusivas a los reclamos sean recicladas. A nadie se le ocurre reconocer que el derecho a pensionarse ha sido sistemáticamente burlado y los recursos destinados a tal fin han quedado en los bolsillos de los más vivos, o se los han robado con la complicidad de abogados mañosos y autoridades venales.
El sistema viene mal desde lejos en el tiempo. Antes, las pensiones de jubilación las cubrían los patronos, pero si estos se declaraban insolventes los trabajadores perdían su pensión. O, antes de completar el tiempo requerido para adquirir el derecho, eran despedidos. En cuanto a las entidades oficiales, el pago de las jubilaciones corría a cargo de cada una y, aunque siempre las reconocían, las pagaban cuando podían, o cuando el beneficiario ya había muerto.
La solución fue el fondo de pensiones del Seguro Social, que se convirtió en otro foco de corrupción politiquera y tuvo que liquidarse. Lo remplazaron Colpensiones con todos los vicios de su antecesor, aunque con mejores resultados, y los fondos privados, que son un negocio del sector financiero, al que no le importa prestar ningún servicio social sino generar utilidades especulando con la plata. De nuevo el tema sobre el tapete, deben resolverlo los beneficiarios de altas pensiones y congresistas y magistrados. Todos a una, deciden en causa propia. Y “al pueblo nunca le toca”, como tituló su obra Álvaro Salom Becerra.