Un estilo que se incrustó en la conciencia colectiva, influenciado por costumbres que impusieron el desvío económico hacia ser rico “como sea”, y el mal ejemplo de los emergentes surgidos del boom de los carteles del narcotráfico con sus extravagancias, impulsó a muchos jóvenes por el facilismo y la ostentación. Eso había sucedido en Estados Unidos en tiempos de la prohibición, tan inútil como es ahora la ilegalidad de las drogas, que ha resultado un gran negocio para los carteles y una depredadora moral. ¿Por qué se insiste en ella? Porque si se levanta se les daña el negocio a empresarios que controlan entre bastidores los hilos del poder.

Estadistas, científicos, sociólogos y juristas de ética comprobada insisten en que la drogadicción es un problema de salud y no un caso de policía. Los Estados persiguen a los productores, que suelen ser campesinos pobres, mientras los traficantes fortalecen sus finanzas y los consumidores aumentan, al costo que sea. Si algo es ajeno a las decisiones de los gobiernos es la lógica.

A pesar de que los titulares en las altas esferas gubernamentales ostentan títulos académicos de relumbrón y experiencia en influyentes cargos, parece que desconocen la “ley de la oferta y la demanda”, que en la práctica se impone, aunque no sea norma. El consumo estimula la producción y la restricción legal del producto eleva el precio, lo que favorece a los intermediarios, porque el productor primario y el consumidor final son los afectados. El cultivador de materia prima con la persecución oficial y el adicto con el mayor costo de su vicio.  

En Colombia, el narcotráfico ha tenido repercusiones negativas de variada índole. La principal, la corrupción de los jóvenes, deslumbrados con los oropeles del dinero aparentemente fácil, y la violencia. Otra, la estigmatización internacional del país como narco-nación, lo que les cierra muchas puertas a personas buenas que quieren viajar a otros países o establecerse en ellos.

Una más, la sobrevaloración de la propiedad raíz, en perjuicio del comprador mediano. Como si fuera poco, la distorsión del mercado cambiario, causada por la “economía subterránea”. Agréguesele a la lista la financiación de los grupos criminales, para que se fortalezcan militarmente. Y, de remate, la prostitución de la política, que en variadas instancias es financiada y controlada por los capos del narcotráfico. Desmontar la prohibición reduce el altísimo costo económico de la represión, y con esos recursos puede pagarse la atención médica y sicológica de los adictos; y apoyar a los campesinos para que produzcan comida con rentabilidad.

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