“Me sorprende que nosotros, de este lado del escenario, estemos todos llorando y del otro lado no haya habido una sola lágrima”.
 Así les dijo Ingrid Betancur a los miembros de las Farc en la Comisión de la Verdad, que no veía en sus palabras y actitudes la necesidad de pedir perdón y ser perdonados, que las víctimas quieren ver y nunca verán.
 Lozada evadió el perdón con cinismo; Alape redujo todo a un “error político” y Timochenko leyó su perdón tratando de mostrarse sincero. Por ello Ingrid le ripostó a Lozada: “Quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política”.  
 Así concluyó la tarea de la Comisión de la Verdad frente al secuestro, con una “sesión solemne” a un proceso de impunidad que inició cuando Santos y las Farc pregonaban que el centro del Acuerdo eran las víctimas, hasta que lograron su verdadera prioridad: una justicia que les garantizara impunidad.
 La JEP desbarató la institucionalidad jurídica, como evidenció la pelea con la Suprema por el caso Santrich, mientras se les volaba, y atropelló los principios del derecho penal, anclados en el romano, que diferenció entre “crimina”, los ilícitos “públicos” que, por su gravedad, afectan a toda la sociedad y deben ser castigados públicamente, y “delicta”, los que afectan derechos privados, hoy llamados querellables.  
 El castigo público -y qué castigos los de entonces; a Jesús lo torturaron y crucificaron- buscaba dar un mensaje a la sociedad, y ese sigue siendo el papel de la justicia, hoy desvirtuado con un mensaje de impunidad, en una sociedad permeada por el narcotráfico que corrompe y financia la violencia.  
 Respeto los testimonios de las víctimas, pero sentí que, como en La Habana en 2014, fueron utilizadas para legitimar socialmente a sus victimarios; porque la legitimación de su impunidad fue un logro temprano, un compromiso de Santos mientras juraba que no la habría para delitos atroces.
 En enero, la JEP les imputó “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y siguiendo su libreto de impunidad, en abril los reconocieron y pronto recibirán penas “restaurativas”. Así, el horror de ¡21.369 secuestros! será castigado sembrando remolachas y dizque con restricción de libertad, o con la curul que ya disfrutan.
 El Estado no puede renunciar a su deber de castigar los delitos que afectan a la sociedad. Al margen de su origen ilegítimo en el atropello al plebiscito, la JEP debe ser objeto de un debate nacional. No está blindada, como quisiera Santos, pues dentro del marco de la democracia, no hay inamovibles en el Estado de Derecho.
 La violencia trae más violencia. Ahora mismo, la embajadora en Suiza hace señalamientos de víctimas de las Farc asesinadas por atreverse a hablar ¿A quién le interesa que callen? Y si a la violencia le sumamos un mensaje de impunidad, estamos frente a un salto al vacío y a más lágrimas derramadas.