En diciembre de 2017, la Fiscalía declaró de lesa humanidad el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, fundador del Movimiento de Salvación Nacional. Después de 22 años se abría un camino a la verdad, que apuntaba a un “crimen de Estado” en medio de los escándalos del Proceso 8.000, como relata Enrique Gómez en su libro ¿Por qué lo mataron?
 Sin embargo, tres años después y a 25 del magnicidio, se desencadena una serie de sospechosos sucesos que cambiaron el rumbo del caso. En septiembre de 2020, una reunión en casa del exministro Cristo, con su exjefe Santos, el senador Cepeda y los exguerrilleros Timochenko y Lozada, seguida de unos trinos de Piedad Córdoba sobre la presunta responsabilidad de las Farc.
 No había terminado septiembre, cuando el entonces partido Farc, dizque arrepentido, envía una carta a la JEP, asumiendo la responsabilidad del magnicidio. Como quien dice, “caso cerrado”.
 En noviembre, y después de un jueguito de sí-digo-pero-no-digo, alias “Teodora” sale con la historia de un exguerillero que toca a su puerta y le suelta, así nomás, que él fue quien disparó y que Lozada lo quería matar.
 Lozada, por su parte, confirmó ante la JEP su escalofriante confesión: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”, que mandaría a cualquiera a la cárcel y no al Senado, al tiempo que desmintió a Piedad, asegurando que todos los sicarios estaban muertos, que él recibía órdenes del “Jojoy” y que otros mandos sabían del asesinato, algo que uno de los mencionados, comandante del frente 22, negó rotundamente.
 En fin, todo un juego de contradicciones al que ayudó Timochenko, afirmando que el tema nunca se discutió en el Secretariado, y algo que ni él mismo se cree: que no sabía cómo funcionaba la Red Urbana Antonio Nariño, y solo se enteró por las declaraciones recientes de Lozada.
 En marzo de 2021 Piedad declaró en la JEP, pero, ¡oh sorpresa!, la red se dañó y la familia Gómez, como víctima, no pudo controvertir, lo que le pareció normal a la jueza, que acaba de negar la nulidad del proceso. Entre tanto, en febrero, la Fiscalía abrió investigación y libró orden de captura contra ¡Iván Márquez!, protegido en Venezuela, donde la Interpol no lo buscará.
 Queda una gran pregunta: ¿A quién protegen las Farc, para que, 25 años después y como “por encargo”, se autoinculpen del magnicidio y de cinco asesinatos más? Igual podían haberse echado encima 10, 15, o los miles que efectivamente cometieron, y hasta crímenes ajenos, porque el Acuerdo les garantiza impunidad y podrán sembrar remolachas como castigo ¡por un magnicidio!
 Mi solidaridad con la familia Gómez, que fiel a su compromiso con el legado político de Álvaro, recuperó la personería del “Movimiento de Salvación Nacional”, una antorcha en la penumbra política y frente al fantasma del progresismo comunista que amenaza para 2022.