Jorge Raad


Los colombianos están sometidos a diferentes problemas. Unos se solucionan, otros se olvidan temporalmente, otros se archivan sin resolverse y otros se vuelven reiterativos sin que se logre su corrección. Entre éstos últimos están los temas relacionados con salud, educación, justicia, incluyendo el sistema carcelario, distribución y utilización de las tierras, violencia y corrupción.
La semana pasada se realizó un interesante encuentro en la sede de LA PATRIA, convocado por este periódico, con exposiciones y diálogos que versaron sobre el Sistema de Atención en Salud, un tema suficientemente diagnosticado, expuesto y sufrido por millones de colombianos, quienes han sentido vulnerado su derecho constitucional a la salud, que tiene carácter obligatorio dado por la Carta Magna y no simplemente opcional, aunque se interprete de varias maneras, aún restrictivas, según los intereses.
También, los editoriales del mismo diario y de El Tiempo del pasado sábado, se refirieron al estado de los diferentes actores del Sistema de Salud y en especial refrendaron las dificultades que tienen las instituciones para cumplir con la Constitución, las leyes, las normas diferentes y sus misiones que conllevan la protección de los ciudadanos, sean ellos pacientes o seres que tienen derecho a la promoción de la salud o la prevención de la enfermedad.
Los participantes y los escritos llegaron a varias conclusiones, pero la esencia del 90% de las dificultades se derivan del componente financiero del sistema, incluyendo todas sus ramificaciones, que incide en los problemas que enfrentan los ciudadanos cuando requieren de atención en salud.
Sobreviene entonces la pregunta: ¿Si se soluciona el componente financiero del sistema, los ciudadanos tendrían una atención universal, oportuna, de inmejorable calidad y sin discriminaciones? La respuesta sencilla y limpia debe buscarse, porque ella tiene varias facetas que se deben abocar para comprender la magnitud del problema.
En la preservación y recuperación de la salud de los ciudadanos, no solamente los pacientes, intervienen varios sectores que contribuyen al bienestar de quienes habitan en Colombia. Esto se olvida con frecuencia, y todo se remite al Ministerio de Salud y Protección Social, con todas sus reparticiones territoriales: nacionales, departamentales y municipales.
Sin embargo, la parte más sentida de los ciudadanos gira alrededor de la enfermedad: las negaciones; los retardos; las incomprensiones por falta de claridad en los deberes y derechos de instituciones, personal de salud y ciudadanos; la menor calidad intrínseca de la atención; no permanentemente las instituciones con completa disponibilidad, en todos los órdenes, de acuerdo a su nivel de atención; el sostenimiento invariable de las redes de atención estatal y privadas.
De paso se mencionó la calidad de los médicos, pero hay que decir que lo comprometido es la calidad de la medicina que se ejerce en el país y las muchas causas hay que evidenciarlas mediante una investigación objetiva que está en mora de ser realizada por organismos apropiados y comprometidos con la sociedad. Ha faltado diligencia.
Regresando a lo financiero se deben esgrimir varias preguntas: ¿Son suficientes los recursos que aportan empleadores, empleados, independientes, pensionados y el Estado, para invertir en la salud y dar una atención como la que exigen la Constitución, las leyes y las normas? ¿Si son suficientes por qué no se logra el flujo adecuado de dinero para cumplir los compromisos? Las respuestas deben atender a verdaderos y contundentes hechos y no a simples justificaciones.
Si no son suficientes los recursos hay necesidad de aumentar las aportaciones, aunque ello sea doloroso. No debe existir un sistema deficitario, y nunca ser corrupto porque se atenta contra la vida de los seres humanos. Tampoco, merece que se abuse de los derechos de la atención en salud, hay ejemplos inadmisibles.
Finalmente, hay que reiterar que la mejor solución es acabar con los intermediarios privados y que el Estado asuma el manejo financiero del sistema. Quien no haya podido en 24 años satisfacer al sistema, ya no lo hará.
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