Se ha abierto nuevamente la polémica por la propuesta de otorgarles a los militares el poder del voto en Colombia. Y nada sería más justo, pues representaría un mínimo reconocimiento de derechos a quienes lo soportan todo para mantener nuestra seguridad y la salvaguarda de bienes, honra y vida de los colombianos.
En un país donde el servicio militar es obligatorio, resulta anacrónico que se le cercenen los derechos ciudadanos a quienes se tienen que someter, obligados, a hacer parte de las fuerzas armadas. E ilógico que no puedan siquiera manifestarse individualmente sobre quiénes los gobiernen. Que, así terminen sirviendo a sus verdugos, tengan siquiera la opción de manifestar su parecer en las urnas, y la posibilidad de evitar que sus enemigos (que son los de todo el país) lleguen al poder por medios democráticos para apoltronarse en él y destruir la institucionallidad.
¿Cuál es el temor de otorgarles el poder del voto? La fuerza pública en Colombia no solo ha sido estigmatizada y vilipendiada por quienes les debemos agradecimientos y loores, sino atacadas por vándalos que se dicen ultrajados cuando tratan de controlarlos e impedir sus acciones demenciales. Y otorgarles el mínimo derecho democrático sería una especie de reivindicación supremamente merecida, tal y como sucede en Estados Unidos, Francia, Alemania y muchos otros países.
Los que se oponen a esta opción argumentan que sería un despropósito otorgarles poder del voto a quienes tienen consagrado el monopolio de las armas. ¡Vaya teoría tan absurda! ¿Acaso no les dimos el poder del voto a criminales comprobados, asesinos despiadados, narcotraficantes, secuestradores, violadores y terroristas? ¿Acaso no les dimos curules gratis en el congreso de la república a los peores criminales del país? ¿Acaso quienes ostentan hoy esas curules no siguen amenazando con volver a las armas si no se les conceden las prebendas que exigen? ¿Acaso esos terroristas entregaron realmente sus armas, esas sí manchadas con sangre de inocentes? ¿Cuál monopolio de las armas si las que reposan en manos criminales son verdaderamente letales e impunemente aceptadas? 
Ademas, las armas de nuestra fuerza pública, a medida que pasa el tiempo, resultan solo sirviendo de adorno y más inofensivas que las de los criminales. No es sino ver a soldados recibiendo maltratos, castigos físicos y humillaciones de indígenas terroristas despiadados, y sus armas inutilizadas por el respeto a los derechos humanos; o a policías lapidados, apedreados e incendiados por criminales encapuchados y, a pesar de sus armas, terminar impotentes e indefensos porque las ONG comunistas están prestas para fustigarlos y los jueces listos para condenarlos.
De manera que el argumento del poder de las armas es baladí en nuestra realidad. Porque estaríamos deslegitimando la manifestación democrática de quienes sacrifican su vida para defender la nuestra, mientras legitimamos a los terroristas de quienes esa fuerza pública nos defiende y entrega su vida en ello. Estaríamos discriminando a esa minoría que madruga día a día a trabajar por el respeto de nuestros derechos, mientras incluimos en la democracia (y se los reconocemos) a quienes nos los violan permanentemente. 
Repito: ¿cuál es el temor de otorgarles el poder del voto? Curiosamente quienes se oponen a otorgarles ese derecho, son los comunistoides que cómodamente le han declarado la guerra a la fuerza pública, sabiéndose airosos por anticipado por enfrentarse a un enemigo que, por más armas que ostente, tiene que actuar como si estuviera desarmado. Y no les conviene que esa fuerza agredida, vilipendiada, ultrajada, asesinada, mutilada y humillada tenga un escenario libre donde pueda esgrimir un argumento que se sume a los de millones de colombianos que los repudiamos y luchamos para acabar con el terrorismo.
Así las cosas, bienvenida la iniciativa del representante a la cámara, Ricardo Ferro, de otorgarles el derecho al voto a los militares en su calidad de ciudadanos, entendido este como el derecho a votar, más no a ser elegidos, para evitar que los cuarteles se vuelvan escenarios de proselitismo y actividad política.