La tesis con la que los amigos del proceso defienden la desmovilización de las Farc parte de la premisa que ella tiene suficiente respaldo en el logro de la paz, a la que a la vez califican como el bien supremo y el más importante de los derechos fundamentales. ¿Puede alguien señalar a cuántos colombianos asesinó las Farc, a cuántos secuestró, a cuántos niños y niñas reclutó contra su voluntad? ¿Cuántas las violaciones y cuántos los abortos? El valor de los daños a las obras, carreteras, puentes, vías férreas y edificaciones. ¿La cuantía de lo recibido por narcotráfico, secuestros, robos y minería ilegal?
Aclaremos primero de qué paz estamos hablando, porque nos quedan el Eln que aspirará a otro tanto de lo que se les dio a las Farc o más (como ocurre con las conversaciones sobre cese bilateral anticipado que, de entrada, no se les concedió a aquellas) y las Bacrim y el Epl y las mal llamadas disidencias a las que se les quiere minusvalorar cuando es evidente que se trata de un número importante que, además, se quedó con narcocultivos, rutas y campamentos (el comisionado de la ONU sienta su preocupación por su número y su ubicación en las zonas de cultivos ilícitos que además limita con Venezuela, Perú, Panamá y Ecuador).
Hay quien cree, sin embargo, que lo que tenemos es paz estable y duradera, incluso se atreven a hablar de un nuevo país, por el que debemos perdonar y agradecer. No obstante todo lo que nos costó en vidas, daños, delitos y ultrajes no fue suficiente como moneda de cambio, sino que debemos agregar la decadencia cuando no la destrucción de nuestras instituciones.
Nuestra democracia está herida de muerte. Puesto que se debe cumplir a pie juntillas lo acordado, estamos en presencia de un ejecutivo que impone las leyes y actos legislativos con procedimientos acelerados y sin deliberación, luego refrendados con una Corte igualmente sometida. La justicia ordinaria no tiene velas en este entierro, se le hizo a un lado y se creó un tribunal especial para los juzgamientos que incluso revisa o desoye la justicia ordinaria.  
El ejecutivo se inclina por aceptar que todo lo que se entregó se corresponde y es equivalente con lo que a su vez entregan las Farc, el cese de hostilidades y la “dejación de armas”. Desde el principio alertamos sobre la palabreja que, es palmar, no equivale a entregar las armas. En las conversaciones, además, las Farc la asemejaban a rendición, para negarla señalando que no habían sido derrotados, se aceptó entonces dejación y, como consecuencia, depositaron en contenedores las que portaban y, de las otras hicieron dejación en el monte, guardadas en caletas de donde debe tomarlas la ONU. El asunto es decidir, concluir o definir por qué ese pago no fue suficiente. Antes de los diálogos con las Farc, matar, robar, secuestrar, traficar con drogas, reclutar menores, sembrar minas quiebrapatas era una acción reprochable, sus actores cometían un delito perseguido por la justicia ordinaria, acarreaba una sanción penal y, desde luego, la repetición del acto era un agravante. Ahora no, lo acordado condujo a una amnistía general, abierta, clara y expedita para el guerrillero raso, por decir “la tropa”, pues se les dio la condición de los soldados en guerra, acaso de víctimas (algunos lo son como ocurre con los reclutados a la fuerza) y, disfrazada, la de los jefes que no pagan pena de reclusión, apenas un remedo de sanción con su permanencia en sitios con movilidad restringida (que ya se ve, no existe) y tareas o trabajo social que se confundirá con el ejercicio de la política, para el cual recibirán todo el apoyo incluso económico y con medios de comunicación y curules gratis, esto es sin votos.
La comparación con el trato a los delincuentes comunes y a los agentes del orden resulta odiosa. Pero no hemos concluido, ahora debemos darles curules gratis, circunscripciones especiales, emisoras, pagos especiales, salarios o compensaciones permitirles el acceso al Capitolio y facilitarles los salones oficiales para sus reuniones y financiarles la creación de su partido político.
Lo descrito, sin embargo, no es lo más dañino, toda vez que nuestras instituciones quedan deformadas para el cumplimiento de lo pactado. Algunas cosas que se acordaron tampoco le gustan al presidente Santos, no sabemos por qué las firmó y las mantuvo después que en el plebiscito el pueblo dijo No. Como dijo Manuel Azaña: “Ya que usted no se ruboriza permítame que lo haga yo por usted”.