Uno quiere ser optimista, pero no puede: dos informes recientes, el primero del Banco Mundial, y el segundo de la Organización Internacional Budget Partnership, IBP, (implementado por la Fundación Foro Nacional por Colombia en colaboración con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana), no nos lo permiten.
Dichos informes nos dicen, en primer lugar, que Colombia ocupa en materia de desigualdad el primer lugar entre los países miembros de la OCDE y el segundo en América latina después de Brasil, y que, en la estrategia bandera de inversión pública, el Programa de Ingreso Solidario, en la pandemia, el Gobierno se rajó en gestionar su implementación de manera transparente y responsable.
El informe del Banco Mundial titulado “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” destaca cómo el coeficiente de Gini, que es una medida estándar de desigualdad, alcanzó 0,53 en 2019, y aumentó después de la pandemia hasta alcanzar 0,54 en 2020, lo que significa que a la pobreza fueron arrastradas en el último año más de 3,6 millones de personas. Dice el informe que también se profundizaron las brechas étnicas y de género: “Una mujer en Colombia tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena colombiano recibe en promedio dos años menos de escolaridad que otros colombianos y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre”, indica el reporte. Un criterio que enfatiza el estudio es la persistencia de la desigualdad de generación a generación que hace muy probable “que un hijo de un padre con bajos ingresos gane menos que un hijo con padre de mayores ingresos” a lo largo de su vida.
Es decir, que un colombiano que nace en un hogar con limitaciones económicas, difícilmente podrá romper la trampa de la pobreza a lo largo de su vida. Un dato que ilustra mejor la desigualdad en Colombia es que los ingresos del 10% de la población más rica de Colombia son 11 veces mayores que los del 10% de los ciudadanos más pobres.
El otro informe destaca cómo a finales de junio de 2020 el presidente Duque le anunció al país la decisión de invertir 117 billones de pesos para intentar superar los problemas derivados de la pandemia, es decir, una cifra cercana al 43% del presupuesto nacional de ese año. El informe enfatiza que si bien la página del Gobierno, en particular la del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, reporta algunos documentos públicos, “no existen datos desagregados por sexo, inversión inicial, montos finales ejecutados, ni contratos realizados, entre otros: información clave para realizar el control social a los recursos asignados por parte de la ciudadanía y los organismos de control…el Gobierno tampoco brindó información suficiente a la población sobre los paquetes de atención a la emergencia, desatendiendo el llamado de organizaciones sociales, universidades y sectores políticos por un presupuesto abierto e incluyente”.
Adicionalmente el informe señala el exiguo papel que desempeñó el Congreso de la República como organismo de control político a las decisiones fiscales y legales adoptadas por el Ejecutivo. Casi nunca sesionó durante la pandemia y cuando lo hizo por medios virtuales, no tuvo tiempo de hacer bien su trabajo. La desigualdad social y la opacidad de las decisiones del Gobierno limitan el desarrollo, extenúan la democracia, exacerban la corrupción y deslegitiman al Estado. Son dos variables estructurales que plantean serios interrogantes sobre el futuro del país y no las estamos interviniendo; la discusión del proyecto de presupuesto para el año entrante que se aprobó la semana pasada en el Congreso también fue opaca, careció de discusión abierta y se dio de espaldas a la sociedad; tampoco se orientó con claridad a superar los problemas de inequidad social, en tanto la educación no apareció con suficiente financiación y la asignación para ciencia e investigación cayó por debajo del miserable 0,28% del PIB que venía de tiempo atrás.
Cuando la evidencia empírica nos dice que el más potente instrumento para alcanzar la equidad es la educación y que en sociedades equitativas se aclimata con mayor facilidad la paz, nuestro empeño irrenunciable debería ser el de cerrar el círculo virtuoso de educar para igualar e igualar para pacificar.
Equidad y transparencia, más que propósitos políticos, deberían ser imperativos morales categóricos para el Gobierno y el Estado.