Los tiempos electorales en las democracias serias suelen ser tiempos de incertidumbre. La estabilidad del sistema solo la garantizan las instituciones. Cuando las mayorías se equivocan, quedan las instituciones. Imposible vaticinar qué hubiera ocurrido con Estados Unidos y con el mundo si las instituciones no les ponen dique a los desafueros del delirante Trump.
En Colombia, por obra y gracia del presidente Duque y sus desafueros verbales, hemos venido asistiendo desde hace rato a lo que pareciera ser un premeditado proceso de desinstitucionalización: el primer mandatario cuestiona la justicia, se mete con los fallos de las Cortes, interviene abiertamente en política electoral, incumple pactos que comprometen al Estado, miente con pasmosa facilidad, y vuelve añicos el sistema de pesos y contrapesos del Estado.
Esta semana con ocasión de un debate de candidatos presidenciales, Gustavo Petro lanzó una propuesta de reformas al sistema pensional. El presidente, sin que nadie se lo estuviera preguntando, la criticó con acidez, en tono francamente electorero: su diatriba fue simplista, “significa robarse la plata de los ciudadanos”, dijo; reconoció eso sí, que hay que adelantar cambios en el sistema pensional pero no explicó por qué no los hizo durante su gobierno.
Ya en otras ocasiones, Duque ha participado en política siendo funcionario público: hace muy pocos días, con ocasión de la renuncia de Oscar Iván Zuluaga a su candidatura presidencial se supo de la intervención directa del presidente, como inductor definitivo de la decisión al no poder evitar el divorcio entre la Coalición Equipo Colombia y el candidato del Centro Democrático. “Bueno; Oscar Iván, no cuente conmigo. Así no voy ahí”, dice El Tiempo que dijo el presidente. (marzo 13, 5:26 pm). Y agrega el mismo diario, “no es la primera vez que interviene en la campaña”.
El presidente desafía sin pudor la norma que le impide actuar en política y la procuradora no dice nada. Lejos están los tiempos en que la cabeza del Ministerio Público en un ejercicio de independencia y responsabilidad republicanas, exhortaba a los presidentes a que no se salieran del marco de la ley.
Pero hay más: es reiterada la costumbre del presidente Duque de criticar airada e irreflexivamente las decisiones de los jueces y de las altas cortes. Así actuó en el caso de las determinaciones que tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con relación al expresidente Álvaro Uribe y en el de la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto. Muchos dicen que ha llegado a desacatar algunos fallos de la justicia como ocurrió en el fallo de tutela de primera instancia que le ordenó borrar un trino en el que celebró desde su cuenta personal el aniversario de la declaración de “la virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia”.
La Corte Constitucional, después de unos comentarios bastante destemplados que hizo el presidente, tuvo que emitir un comunicado 10 días después de que una sentencia suya despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación. En ese documento les comunicó a otras autoridades estatales que sus fallos son de estricto cumplimiento y tienen que ser respetados: “deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los fallos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”.
Por eso vienen tiempos difíciles. La guerra que no es nuestra y que nos afecta, la inflación, el desempleo, el hambre, la pobreza, la desigualdad y la violencia de todos los días, son problemas que exigen líderes providentes, sistemas políticos legítimos e instituciones fuertes. Estos son componentes inexcusables para superar malos tiempos; no tenemos ni lo uno, ni lo otro. Hasta hace poco nos quedaban solo las instituciones. Del liderazgo presidencial, ni hablar, de la legitimidad del sistema, una reciente encuesta de Invamer nos dice que aquí la gente no cree en nada ni en nadie, y de las instituciones, ya vemos cómo el presidente Duque sigue intentando dinamitar el sistema de equilibrio de poderes.
El próximo presidente tendrá que enfrentar enormes dificultades; y una más, un Congreso recién elegido, muy plural, con una representación política muy dispersa que dificultará sin duda la construcción de consensos en torno a reformas estructurales que reclama con urgencia el país. Nos quedaban las instituciones. Quien llegue a la Presidencia tendrá que entender, como mínimo los fundamentos del Estado Democrático de Derecho y no cobrar, por ejemplo, como grandes victorias políticas la designación de sus amigos de pupitre o de miembros de su Gabinete, como cabezas de los órganos de control.