Con la aprobación del Código Electoral, se cerró el segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la República correspondiente a esta legislatura. Concluye un año parlamentario excepcional, básicamente por dos razones: la pandemia que impidió las sesiones presenciales por lo menos en buena parte del período y el nuevo trato logrado por el Gobierno con varios partidos y formaciones políticas para asegurarse las mayorías.
En el primer caso, quedó claro que nuestro Parlamento tiene dificultades de adaptación cuando le sobrevienen este tipo de circunstancias imprevistas; y que, cuando se reparte  mermelada, cualquier cosa se puede transar para lograr pactos de mayorías que a riesgo de destruir el sistema  de equilibrio de poderes,  le entreguen al Gobierno, por ejemplo, todos los órganos de control, y parte de la rama judicial. Por fortuna, y como toda regla tiene su excepción, se salvó de la angurria del Presidente, el Banco de la República, cuyos codirectores desoyeron sus peticiones e intrigas, y eligieron gerente general  a Leonardo Villar y no al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El Código Electoral que constituyó una especie de mascarón de proa del trabajo legislativo de este período, fue aprobado a las carreras. Le faltó más discusión de cara al país, y llenó de dudas a muchos sectores de opinión, al  procurador entre ellos, quienes criticaron varios componentes de su contenido. De todas maneras, aunque no estén todas las necesarias y suficientes, tendremos nuevas reglas de juego para el debate electoral de 2022.
También fue aprobada la iniciativa para garantizar el acceso a la vacuna contra la covid-19, que no obstante ser de origen parlamentario, igualmente recibió mensaje de urgencia. Deja mal sabor el  hecho de haber consagrado explícitamente en la norma, la irresponsabilidad de las farmacéuticas transnacionales por eventuales problemas colaterales derivados de la aplicación de la vacuna. Dicen que el lobby fue fuerte, y como se ve, efectivo. Ya está la ley, ahora falta la vacuna.
El populismo punitivo también tuvo su cuota en la legislatura: fue aprobado, por unanimidad, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Ahora solo falta que el sistema penal funcione.
En cuanto a la reactivación económica se aprobaron, la ley de Emprendimiento, que busca establecer normas claras para propiciar la generación de nuevos negocios y la consolidación de las micro, pequeñas, y medianas empresas, y la ley General del Turismo, que promoverá la sostenibilidad y formalización del sector, así como un plan para aportar a la recuperación y reactivación de esta actividad que ha sido una de las más afectadas por la pandemia. Ambas normas crean descuentos tributarios que se contradicen con lo que se dice plantea la reforma fiscal ya anunciada para el año entrante por el ministro de hacienda.
También en el plano económico se sacaron adelante, el proyecto de ley de alivios financieros para el sector agropecuario que establece que 140.000 pequeños y medianos productores en condición de vulnerabilidad pueden renegociar sus obligaciones financieras, el que extiende el PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal, que el Gobierno creó como medida ante la contingencia por el Covid19, y el que desarrolla el nuevo sistema General de Regalías, que sigue arrebatándoles recursos y competencias a la mayoría de las entidades territoriales.
Nos quedó debiendo otra vez el Congreso la reforma política, la reforma a la justicia, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma a las pensiones, entre otras que el país reclama con urgencia si queremos crear la nueva institucionalidad que nos asegure la paz y un estado eficiente. 
Lo que sí es buena noticia es que desaparecieron de nuestra legislación  normas absurdas,  como las que, por ejemplo, prohibían la importación de ciudadanos chinos a Colombia, la que contemplaba la reducción y civilización de las tribus indígenas del territorio colombiano, la que castigaba con pena de prisión de 1 a 3 años a quien afirmara una falsedad o callara la verdad ante un párroco, o la que obligaba a que al presidente de la República se le llamara oficialmente Excelentísimo o Excelencia, según el caso.  Está, en efecto, para sanción presidencial, una ley aprobada el pasado 21 de diciembre que deroga más de 10.667 normas exóticas  que existían en nuestra legislación.
Esta fue una promesa de campaña del presidente Duque que sí cumplió.