El pasado 13 de septiembre, el ministro del interior Alfonso Prada, radicó el proyecto de acto legislativo para reformar el sistema político. Dijo en el discurso de presentación de la iniciativa: “Con la reforma se busca hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad de la democracia colombiana y, adicionalmente cumplir con los acuerdos de paz…”   
Si, como es cierto, la calidad de la política democrática incide en el desarrollo, esta propuesta es muy importante para Colombia.
Después de varios intentos, vuelve al escenario del Congreso una propuesta de reforma política, ahora aupada por la existencia de problemas concretos, el desarrollo del punto dos del Acuerdo de Paz y la promesa de campaña del presidente Petro. Después de la Constitución de 1991, es larga la lista de propuestas, que incluye, entre otras cosas, las reformas de los años 1995 en el gobierno Samper donde se intentó establecer el sistema unicameral; la de 1998-99 del gobierno Pastrana que incluía la lista única para evitar la operación avispa, el umbral y la cifra repartidora, entre otros aspectos; la reforma del año 2003 en el primer gobierno de Uribe Vélez y otra en su segundo gobierno en el año 2009. La reforma del 2011 con la expedición de la ley estatutaria de los partidos políticos. Luego dentro del segundo gobierno de Santos se intentó la reforma del equilibrio de poderes, una mezcla entre lo político electoral y lo judicial; y en el 2018, reforma política fast track que sirvió para reconocer a las Farc como partido de reinserción.
En medio de la frondosa agenda de reformas que se están discutiendo, esta, a mi juicio la más importante, pareciera estar a la zaga de las demás que se ventilan en este momento. Y ha empezado a tener tropiezos, sobre todo porque la propuesta que ya había presentado Humberto de la Calle Lombana sugiriendo la transformación drástica del Consejo Nacional Electoral, ha encontrado una feroz resistencia en el Consejo de Estado que se niega a perder prerrogativas a favor de una nueva corte que se encargaría de impartir justicia en materia electoral. El gobierno que había accedido a unificar las propuestas, ya manifestó que por lo menos esa parte de la reforma quedaría excluida. Esta es la expresión más clara de las dificultades consustanciales a una reforma política: una nueva repartición del poder que en este caso se manifiesta en un reacomodo de competencias entre dos organismos que hoy se distribuyen funciones electorales. Quedaría por fuera la discusión de un tema muy importante relacionado con el origen parlamentario de Consejo Nacional Electoral que a juicio de muchos es el peor lastre del sistema. Para expertos, poco sirve la reforma política sin un cambio de fondo en la arquitectura del sistema electoral del país.
La línea general que inspira la reforma pasa por la necesidad de mejorar la democracia y la representación, purificar el proceso electoral, fortalecer los partidos y fortalecer del sistema de pesos y contrapesos del poder público.
Las cinco claves de la reforma para lograr esos objetivos son: Hacer obligatorias las listas cerradas, paritarias. Es decir, desaparece el voto preferente que sin duda ha contribuido al debilitamiento de los partidos, ha envilecido la política y ha encarecido enormemente los costos de transacción entre el Gobierno y el Congreso. Establece, adicionalmente, como dique al imperio del bolígrafo, la obligatoriedad para los partidos de establecer mecanismos democráticos internos para la postulación de candidatos.    
Limita la financiación de las campañas al Estado; en adelante no podrán existir fuentes de financiación privada: Esta medida busca inhibir la cooptación de la política por parte de particulares que, vía financiación de campañas políticas, capturan desde su origen al Congreso que termina por ese camino legislando a favor de intereses particulares.
Aclara que solo los jueces pueden suspender o destituir a funcionarios electos. Es decir, adopta la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos cuando falló en el caso del actual presidente Gustavo Petro, suspendido por el entonces procurador Alejandro Ordoñez.
Abre la puerta a congresistas más jóvenes al proponer disminuir la edad mínima necesaria para ser congresista:  de 30 a 25 años para el Senado, y de 25 a 18 para la Cámara de Representantes.
Da un chance para que los congresistas cambien de partido o entren al Gobierno, reeditando experiencias del pasado que no fueron en su momento nada positivas, e incorporando, en el primer caso, extraños elementos de un sistema parlamentario a uno presidencialista.
Como estamos en modo reforma, solo cabe esperar que esta, la más importante de todas, no se pierda en los meandros de la falta de rigor y método como lo señaló con cierto dejo de angustia el expresidente Santos al contestar una pregunta que le hizo un periodista del diario el país de España sobre cómo estaba viendo al arranque del gobierno del presidente Petro. Este análisis, como se ve, es solo enunciativo. Ya vendrán las reflexiones necesarias para abordar el tema con rigor en todos los escenarios, (académicos sobre todo), y empezando por el mismo Congreso.