Descontadas las metidas de pata del presidente Duque, sí fue muy extraño el acto de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso este 20 de julio: sin claridad jurídica sobre la validez de ese acto inaugural, arrancó un nuevo período legislativo que cargará con el lastre de una legislatura precedente mediocre, opaca, poco sintonizada con los desafíos de la hora, que exigían ante todo controlar un Ejecutivo todopoderoso y con prerrogativas exacerbadas en virtud de la declaratoria de los estados de excepción, y acometer y continuar el estudio de muy importantes propuestas normativas.
Largo es el listado de proyectos que van a presentar en esta legislatura el gobierno, los partidos políticos, altos funcionarios de la administración y congresistas. Como siempre, hay perlas: El que declara como patrimonio genético y cultural de la nación, la cabra santandereana, el que propone lo mismo con respecto al porro, y el que permitiría que el pueblo pudiera anular por votación popular sentencias de la Corte Constitucional.
Y como siempre, aparecen viejas y urgentes iniciativas que buscan reformar componentes sustanciales del Estado como la política, la justicia y el orden económico y social. Proyectos sobre estas materias se malogran y reviven, van y retornan por años al escenario parlamentario. Nadie niega su importancia y apremio; sin embargo, su aprobación se sigue aplazando.
Entre 2002 y 2019 ha habido 18 intentos de reformar la justicia; muchas de esas iniciativas se han hundido en el más vergonzoso pantano de la corrupción. Los últimos gobiernos han comprometido grandes esfuerzos en este propósito y nada han logrado frente al sucio juego de intereses que ha involucrado los más importantes actores del sistema. Las facultades electorales de las altas cortes, la administración de la rama judicial y su fortalecimiento presupuestal son elementos comunes que contienen los nuevos proyectos de reforma provenientes de distintos orígenes.
En octubre de 2018 el Congreso tenía a su consideración 18 posibles reformas políticas y electorales que abarcaban diversidad de temas. Todas ellas han venido sucumbiendo en medio de las discusiones coyunturales y los vaivenes del calendario electoral.
Tanto el Gobierno como los partidos Liberal y Cambio Radical han anunciado la presentación de sendas propuestas de reforma política. Contienen ellas los mismos asuntos que han sido objeto de análisis y discusión por muchos años: las listas cerradas, la financiación estatal de las campañas políticas, la incorporación de tecnologías modernas en los procesos electorales y la constitución de un órgano electoral independiente y autónomo.
Esta debería ser la madre de todas las reformas. Su adopción implicaría la posibilidad de cambiar el modelo de representación de intereses en el Congreso, el fortalecimiento de la democracia vía rescate de los partidos políticos y la recuperación de lo que alguien llamó la pasión política por parte de los ciudadanos. De lo que pase con la reforma política dependerá el mejor suceso de una reforma a la justicia y otras reformas, y el nacimiento de los supuestos de un nuevo contrato social para Colombia.
Las listas abiertas y el voto preferente dinamitaron los partidos políticos, encarecieron las campañas electorales, envilecieron el ejercicio de la política electoral, potenciaron la corrupción en todos los espacios de la acción estatal y dejaron sin representación a vastos sectores de la opinión púbica colombiana.
Otras aspiraciones que van y vienen en el ámbito de las prioridades del país son las vinculadas a las reformas laboral y de pensiones; ellas se han extraviado en los meandros de las discusiones ideológica anacrónicas y la actitud medrosa de los gobiernos que no se atreven a dar un debate serio, democrático y concluyente sobre su utilidad y pertinencia. Bastante avanzaríamos en materia de equidad y desarrollo si lográramos que estas reformas fueran progresivas y consultaran las nuevas características del mercado laboral que por demás cambian a velocidad de vértigo.
Alrededor de la desigualdad, el gran desafío de las sociedades modernas, también ha corrido mucha tinta; con algún pudor, pero sin hacer nada, nos informamos que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo; la crisis de la pandemia no ha hecho más que develar las facetas más grotescas de esta realidad. 
Empezar a hacer algo implicaría que el gobierno apoyara, sin más, la propuesta de renta básica de emergencia impulsada por 54 parlamentarios de todas las bancadas. Esta iniciativa que apoyan además con sólidos argumentos, académicos, economistas serios y algunos medios de comunicación podría ser el inicio de una reforma que cambie la relación de los colombianos con el Estado, revitalice el consumo y dé un necesario alivio a los más afectados por la pandemia.
De un consistente liderazgo del gobierno en el Congreso que hasta ahora no ha tenido, dependerá el poder avanzar seriamente hacia una agenda reformista que el país reclama con urgencia, y la superación de esa parábola del retorno legislativo.