Guido Echeverri


No fueron suficientes las advertencias sobre el riesgo de contagio para impedir que miles de personas salieran a las calles en todo el país el miércoles pasado a protestar contra el Gobierno, en un momento crítico de la pandemia.
El paro nacional que estaba convocado desde hacía varios meses, encontró foco en la propuesta de Reforma Tributaria presentada por el Gobierno al Congreso, precisamente un día antes de las movilizaciones. De un pliego de peticiones muy amplio y difuso (más de 600 folios), que se derivó de las protestas de noviembre del año pasado, las centrales obreras pasaron a referenciar como motivo principal de su reclamo, el rechazo a esta iniciativa.
Con relación al recorrido que ha seguido la idea de reformular nuestra política tributaria, no cabe duda que esas dimensiones en buena parte no fueron consultadas.
El Gobierno comienza por anunciarla a medias, e intenta aclimatarla en la opinión pública a retazos, una vez que la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios convocada meses antes, presentó su informe, que por demás no fue tenido en cuenta; casi la totalidad de sus propuestas fueron descartadas sin fórmula de juicio. En este caso la plata se perdió.
Descontada la presencia de una delegada de una importante organización gremial en dicha Comisión, no hubo desde su origen un proceso de concertación que garantizara su conocimiento y apropiación por parte de distintos sectores sociales, políticos, académicos y empresariales.
Como ha dicho el profesor Michael Sodaro, “es precisamente el consenso uno de los valores sobre los que se sostienen las democracias, entendido como el esfuerzo por reconciliar diferencias sobre la base de la cooperación, la negociación justa y la disposición mutua a hacer concesiones”.
Antes bien, lo que ha hecho el Gobierno es exacerbar el sentimiento social de rechazo a la Propuesta al no escuchar los reclamos de la gente que siente en general que se pretende legislar contra sus intereses. “Si lo que quería el presidente era alborotar el avispero lo logró con eficiencia” dijo un vendedor callejero entrevistado por un noticiero de televisión.
Desde el Gobierno los mensajes han sido contradictorios: una cosa dice el ministro, cuando habla (normalmente lo hace el viceministro Londoño), y otra el presidente; así fue cuando este último contradijo a Carrasquilla con relación al IVA para el azúcar, el café y el chocolate o cuando se declaró sorprendido de encontrar que la propuesta traía un gravamen a los servicios funerarios.
El manejo de la pandemia en Colombia no ha sido afortunado; ya el 27 de enero de este año, Bloomberg, compañía de asesoría financiera de Estados Unidos, refiriéndose al puntaje de resiliencia ante el covid-19, dijo que “Colombia fue calificada como uno de los tres peores países del mundo para vivir durante la pandemia”.
Así mismo, y por las mismas fechas, el Instituto Lowy de Australia publicó el índice de gestión del covid-19 que evaluó 98 naciones incluyendo seis indicadores: casos confirmados, muertes confirmadas, casos confirmados por millón de habitantes, muertes confirmadas por millón de habitantes, casos confirmados en proporción a pruebas realizadas y pruebas por cada mil habitantes. En este caso Colombia se ubicaba entre las tres peores naciones del planeta en el manejo de la pandemia. Y lo peor es que ahora estamos… peor.
Al mismo tiempo que se abría camino en medio de enormes tortuosidades la susodicha reforma, se filtra la noticia de que el país quiere adquirir aviones de combate por valor de 14 billones de pesos, montar un noticiero que cuesta al año más de trescientos mil millones de pesos, y reconocer una prima a un sector de funcionarios del Estado. Y a modo de disculpa, el Gobierno expide un decreto baboso, insultante, de austeridad administrativa.
Y los datos del último año nos dicen que Colombia ocupa los puestos 26 en el mundo y 2 en América Latina en gastos militares en un monto calculado de nueve mil millones de dólares. Dirán algunos que este nivel de gasto se justifica porque el Estado tiene que enfrentar nuestras múltiples guerras internas; el problema es que ninguna de esas guerras se está ganando y, al contrario, siguen aumentando en una tenebrosa espiral los muertos, los asesinatos, los desplazados y los desaparecidos.
Si queríamos pruebas del autismo de este Gobierno, de su estupidez, de su insensibilidad y su sordera para escuchar las voces del país, ahí las tenemos.
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