América Latina se ha convertido en destino importante de inversiones para la explotación minera. Junto con la abundancia de minerales, la región ofrece condiciones atractivas para empresas extractivas, lo que explica el crecimiento de las exportaciones de materias primas mineras, que en peso casi se duplicaron en los últimos 20 años. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México el mayor productor de plata, y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo.

Además, la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos. En Latinoamérica, donde la extracción ha aumentado 6 veces entre 1970 y 2017, Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales a nivel global; y así se haya ganado participación en las reservas de oro, plomo, níquel, plata y zinc, y se haya perdido en cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina, a nivel mundial cuenta con el 61% de las reservas de litio (Chile 48,2% y Argentina 12,8%). Adicionalmente el flujo de ingresos de inversión extranjera directa IED en minería, se concentró en Chile (40%), Brasil (24%), México (15%) y Colombia (14%).

Ahora, así en la producción aurífera el rol de América Latina sea discreto, para entender el caso colombiano, aunque el país aparezca solo en el puesto 21 como productor del preciado metal, se requiere conocer el contexto regional del sector, ya que entre 2016 y 2019 con 45 toneladas de oro como promedio anual, a nivel de Latinoamérica somos el quinto productor, superados solo por Perú, Brasil, México y Argentina, lo que significa que contamos con un PIB minero donde el sector metalífero no solo ofrece posibilidades significativas, sino que también enfrenta grandes desafíos. Veamos el contexto:

En primer lugar, así como en América Latina y el Caribe las nuevas tecnologías de extracción minera, especialmente las que conllevan cianuro y ácido sulfúrico son las que más afectan territorios y comunidades por el alto impacto sobre recursos vitales como el agua y la biodiversidad, en Colombia con el mercurio en actividades extractivas ilegales ocurre lo mismo; de ahí la represión de las protestas comunitarias ante proyectos mineros que generan conflictos socioambientales en América Latina, donde las manifestaciones se enfrentan con represión, criminalización y judicialización de la protesta.

Segundo, para advertir las características del subdesarrollo, basta mirar la composición promedio 2015-2017 del valor de las exportaciones de minerales y metales, por grado de elaboración y por regiones, para comprender la vulnerabilidad al deterioro de los términos de intercambio. Para América Latina y Caribe: Productos Primarios (PP) 37%, Productos Semielaborados (PS) 43% y Productos Elaborados (PE) 20%; para África: PP 21%, PS 57% y PE 23%; contrariamente para EE.UU y la Unión Europea PP 6 y 3%, PS 43 y 26% y PE 51 y 71%; y para el mundo: PP 9%, PS 38% y PE 53%.

Y tercero, las fluctuaciones fiscales por la volatilidad de los precios de productos con bajo nivel de transformación en estos países minero-dependientes. Según la CEPAL, los ingresos tributarios y no tributarios por explotación de minerales en lo corrido del siglo variaron dramáticamente, alcanzando mínimos de 0,20% en 2002 y 0,25 en 2016, y máximos de 1,58% en 2007 y de 1,35% en 2011. Como referente, durante el boom de 2007, dichos ingresos en Colombia tuvieron una participación del 0,5% en el PIB, y en el caso de Chile donde las concesiones son regresivas al privilegiar el mercado por sobre la propiedad del Estado, aportaron 8,1% al PIB.

Entonces: ¿qué hacer en el país para sortear los devenires en materia fiscal, prevenir situaciones de enclaves mineros, y evitar conflictos en los que las explotaciones ilegales pasan factura al medio ambiente y a comunidades que sufren desplazamientos y la desaparición de sus líderes? La respuesta es simple; habrá que fortalecer el Estado para lograr en crecimiento pero con desarrollo, lo cual exige no solo una minería legalizada con equidad social y ambientalmente responsable, sino también con valor agregado, y que parta de la gobernanza minera y del respeto de los derechos bioculturales en los territorios.