Las reformas neoliberales de la década de 1980 prometiendo mayor prosperidad y democracia en América Latina, aunque trajeron crecimiento económico e instituciones públicas más sólidas, solo beneficiaron a unas élites e incrementaron la miseria. Es probable que la reprimarización de la economía haya brindado una oportunidad para avanzar por el sendero del desarrollo alcanzando mayores niveles de independencia del mercado mundial. Pero al ver el colapso en Chile como máximo exponente neoliberal de la región y las protestas en Ecuador, nos preguntamos ¿qué pasa en América Latina?, ¿cuál es el combustible principal de estas revueltas?, ¿estará a punto de una fractura social?...
Pese al crecimiento, el modelo económico, al debilitar al Estado frente al mercado, ha impulsado la inequidad y ha hecho crecer la corrupción. En esta crisis, los modelos políticos anacrónicos y carentes de idearios han fracasado: la izquierda y la derecha no ofrecen respuesta y las coaliciones tampoco funcionan frente a la compleja problemática de una sociedad que cambia su forma de percibir y expresar su creciente inconformidad, y de expresar las demandas y los reclamos, así el Estado haya implementado reformas institucionales y adquirido mayor poder de regulación, pero sin tocar el sistema impositivo, redistribuir la riqueza, ni resolver la precariedad laboral y social.
Frente a las marchas pacíficas o los brotes violentos, es hora de que la clase política latinoamericana, en lugar de recurrir a explicaciones que se justifican en factores externos, a excesos de la fuerza pública, a la polarización de la sociedad, o a la manipulación de comicios, replantee sus métodos y reconozca el cambio, en la forma en que la ciudadanía frustrada y agobiada se relaciona con el poder y lo emplaza, aunque sin conseguir los necesarios ajustes estructurales en la política social y económica.
Pero un tema fundamental para América Latina es la inseguridad, que si bien en los escenarios rurales se relaciona con las actividades ilegales y la concentración de la tierra, para los medios urbanos agobiados por una población joven que no estudia ni trabaja, o que depende de la informalidad, las causas pasan por un crecimiento acelerado y desorganizado de las ciudades que se expresa en impunidad y corrupción, y en un cambio con perspectivas inclusivas y sensibilidad ambiental, sin que el Estado desdibujado por la crisis de las instituciones públicas pueda garantizar de manera homogénea los servicios.
A pesar de que en México, al sufrir en 2017 el año más violento de las últimas dos décadas, la seguridad ciudadana se militariza, los resultados muestran que no solo no ha aumentado sino que ha quedado seriamente mermada; similarmente en Colombia, donde seducidos por el pretorianismo las fuerzas armadas han suplido a la policía en múltiples misiones de seguridad interior e incluso de vigilancia urbana, las acusaciones de asesinatos con su complicidad no han dejado de producirse.
Ahora, bajo el presupuesto de que la concentración del poder económico y del político no son dos asuntos diferentes, dado que la dimensión económica como infraestructura de la sociedad condiciona la política y por lo tanto la superestructura del establecimiento, la actual crisis alimentada por la desesperanza, agravada por el atractivo de los mayores beneficios de una actividad ilegal amparada en el crimen organizado y el tráfico de drogas, no es otra cosa que un enfrentamiento entre ciudadanos y élites: habrá que resolver a tiempo un juego peligroso que puede conducir al abismo.
Se trata entonces de la dicotomía entre la justicia social o la convulsión ciudadana, puesto que los países sacudidos por crisis políticas y protestas violentas frente a medidas como las sugeridas por el FMI que solo han sido un detonante, requieren fortalecer la democracia, combatir la corrupción y las extremas desigualdades sociales, recurriendo a políticas sociales innovadoras, y reducir la dependencia de las materias primas mediante la diversificación e incremento de la productividad. Esto además de permitir que nuestros jóvenes y campesinos, encuentren opciones diferentes a la rentabilidad de las actividades criminales en la ciudad y en el campo, es un asunto que no se resuelve luchando contra la pobreza, sino con equidad en la distribución de la tierra y en las oportunidades, dos estrategias que suponen más Estado para la nueva sociedad latinoamericana.