Los episodios de los enfrentamientos ocurridos en Cali, entre manifestantes y fuerza pública, acompañada por civiles armados, han mostrado una nueva realidad que desconocíamos, ilegal por supuesto, violatoria de la Constitución y de las leyes que tenemos en Colombia. Leyes que, de paso, se han convertido en letra muerta, en un gobierno caracterizado por pasar todas las barreras, no tener límites, desafiar todos los postulados de nuestro ordenamiento, con el silencio cómplice de las instituciones que para evitarlo y ejercer control están instituidas.
Colombia no resiste esta falta de un estamento gubernamental sólido, que guíe su recorrido por un sendero recto, en el que tengamos seguridad jurídica, estabilidad social, justicia y bienestar general, que sean una política de Estado prioritaria, con supremacía sobre las otras manifestaciones e intereses que se mueven con no  poca mezquindad, mucha sevicia y bastante cinismo en las esferas gubernamentales y los altos cargos de la Nación, ocupados por una pléyade de medianías que no tienen méritos, ni cualidades para los puestos que ocupan.
Parece que estamos condenados a la reedición cotidiana de la más vulgar y ordinaria representación de desgobierno y caos, esas situaciones que solo pasan en países subdesarrollados en los que no hay control político, en el que los organismos de control no son contrapeso del grupo que nos gobierna, sino que hacen parte de él y son afines a sus  planteamientos e ideología, sin que  tengan el menor pudor  para ejercerlo así, contra todo lo que es razonable y  característico de una verdadera democracia.
Parece improvisado, pero no lo es. Asistimos al desmonte de la institucionalidad, auspiciada por un grupo político con personajes de cuestionada reputación, un jefe del mismo, que ya ha estado privado de la libertad y que al día de hoy esta subjúdice, a la espera del pronunciamiento de la FGN, esa que contrariando sus funciones básicas, no pocas veces se ha dedicado a ser defensora de los que violan la ley o están siendo investigados, dejando de lado su papel de institución investigadora, sin importar el rango del investigado, sin sometimientos políticos, con clarísimas demostraciones de sumisión al poder ejecutivo, para quitarle legitimidad a su papel fundamental en la rama judicial.
El remedo de presidente que tenemos, ha demostrado que no tiene función distinta a la de ser el portavoz de aquel que lo eligió un día entre los que eran precandidatos, porque estaba seguro lo podría manipular a su antojo, dadas sus características de persona servil, con cuestionada preparación y poco carácter.
La protesta social que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, ha sido infiltrada de manera vulgar, aleve y grotesca por actores de la institucionalidad y de sus amigos que conforman, como fue visto en Cali, las “autodefensas ciudadanas”, violentas, sin tripas, sin principios, sin recatos, para hacer una demostración de violación de las más elementales normas de legalidad, legitimidad y convivencia. Esos “machos” con armas prohibidas para uso corriente, dispararon contra la gente que estaba en la protesta aguantando la desigual lucha entre los que con ilegalidad y sin escrúpulo, decían defender una ciudad jardín, cuando la verdad estaban demostrando lo que hay en las cloacas “de las clases altas” de una ciudad.
 La violación de las normas internacionales, de los convenios que tenemos firmados, de nuestras leyes, no puede seguir siendo tolerada sin que las autoridades se pronuncien enfáticamente contra ese modo de actuar, lo investiguen con seriedad y lo sancionen de manera ejemplarizante.
Que “la cultura de la legalidad y la integridad para Colombia (CLIC)”, la justicia como un bien común tangible y real, el respeto a la dignidad humana, son pilares fundamentales para el andamiaje de una Nacion digna. Lo demás es reedición de república bananera en entrega de última edición, con armas sofisticadas, en personas carentes de principios y de límites.