La reforma tributaria aprobada la semana anterior por el Congreso de la República es la número 13 en los 21 años que van corridos del siglo XXI. Esto significa en promedio una reforma cada 19 meses, lo que indica una inestabilidad tributaria, pocas posibilidades para los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, de planificar su tributación y una falta de claridad en las reglas de juego.
 Es necesario que el país adopte un marco tributario de largo plazo mediante una reforma tributaria integral; pero como este no es el caso, por el momento conviene analizar los efectos del nuevo régimen de tributación al que se deben someter los contribuyentes.
 Las nuevas condiciones impositivas a partir del año 2022 muestran un importante proceso de redistribución de la renta al destinar cerca de $13 billones a mejorar las condiciones de vida de los sectores con mayores dificultades económicas y de los más perjudicados por los efectos económicos negativos de la pandemia. Los principales rubros del gasto que se financiarán con la reforma son: $8,7 billones para el ingreso solidario entre lo que resta de 2021 y todo 2022; otros $1,1 billones para el programa de apoyo al empleo formal (PAEF); $0,7 billones para 2021 y 2022 para nuevos subsidios a jóvenes y resto de la población; $1,4 billones destinados a matrícula cero en las universidades públicas para los dos años mencionados, y beneficios para el sector turismo por $1,0 billones para 2022.
 De estos recursos solamente $2,1 billones que equivalen al 16,15% se destinan al estímulo empresarial o sea a la generación de oportunidades laborales. Es claro que en las circunstancias globales de hoy y en especial en los países menos desarrollados se requiere apoyo del Estado, pero también es cierto que el desarrollo de un territorio no se logra con subsidios al consumo, sino con incremento de la producción de bienes y servicios que contribuya a la creación de nuevas oportunidades laborales para la población.
 Sobre el origen  de los fondos, se pretende recaudar $15,2 billones provenientes de fuentes fijas y $2,7 billones de fuentes transitorias para un total de $17,9 billones para atender los gastos antes mencionados y otros rubros para cubrir el funcionamiento del Estado. Se proyecta un incremento del impuesto de renta a las empresas que pasa del 30% al 35% y una sobretasa del 3% para el sector financiero, o sea un impuesto de renta del 38%. Del incremento del impuesto a la renta quedan excluidos los negocios que facturen menos de $3.600 millones al año.
 Se espera que la lucha contra la evasión genere $2,7 billones y que otros $1,9 billones resulten de medidas de austeridad en el gasto, lo cual  está por verse en un año electoral.
 Es importante destacar que la reforma no incrementa impuestos a las rentas de trabajo, ni a las pensiones, como tampoco traerá modificaciones del IVA. Este último impuesto sólo presenta una afectación incluyendo envíos por tráfico postal con un costo inferior a USD 200, sin afectar las mercancías provenientes de países con los  que Colombia tiene tratado de libre comercio vigente.
 Más allá de las diferentes tarifas y del volumen de los recaudos, la actual reforma no cumple con la condición de integralidad que se ha venido reclamando y prometiendo al país en materia tributaria. Bien sabemos que los tributos deben permitir el logro de los objetivos del Estado como estructura política y jurídica de la sociedad cuya obligación constitucional es atender las necesidades básicas de la población tales como seguridad, educación, salud, preservación de los derechos fundamentales, entre otros, así que recaudar los recursos que permitan cumplir estos objetivos será el segundo propósito del sistema tributario, porque el primero ha de ser la honestidad y la eficiencia en el manejo del gasto público en todos los niveles administrativos.