El retiro del sector de La Aurora como zona de expansión urbana en el recién modificado Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, significa una enorme victoria para la ciudadanía, que desde hace años demanda la protección de la Reserva Forestal Río Blanco ante el interés de una constructora de urbanizar su zona adyacente, en contravía de diversas normas y del interés común.

La discusión que rodeó la adopción del nuevo POT y el debate público alrededor de la defensa de Río Blanco han acrecentado el interés y la conciencia ambiental de los manizaleños, que ven en esta reserva un lugar privilegiado para garantizar el suministro del agua de la ciudad y para mitigar el cambio climático. Cabe recordar que Río Blanco fue uno de los primeros lugares en los que el municipio se dedicó exclusivamente a comprar terrenos para garantizar la captación y flujo del agua hacia la ciudad, y que sus bosques actúan como depósitos naturales que contribuyen a reducir la cantidad de dióxido de carbono en el aire.

La decisión del Concejo de Manizales implica que La Aurora es zona rural y que allí no se pueden adelantar construcciones, pero por sí sola no revoca las licencias de construcción que aún posee la Constructora Felipe Calderón. Hoy la constructora tiene las licencias pero no tiene el uso del suelo, lo que ha llevado a Aguas de Manizales a señalar que hasta que un juez defina la suerte del proyecto, la empresa no podrá llevar servicios de acueducto y alcantarillado a la megaurbanización Tierraviva (BC Noticias, 31 de julio de 2017).

Este galimatías jurídico intenta ser aprovechado por la constructora. El consorcio privado promueve publicidad dudosa en las publicaciones de Camacol, en las que inmiscuye al Concejo de Manizales y da seguridad absoluta de que Tierraviva se construirá, a la par que impulsa actas de vecindad con los habitantes de los barrios aledaños a Río Blanco, en las que se arroga la potestad de imponerle citas a los ciudadanos y en las que utiliza datos tendenciosos y orientados a no dar claridades.  

CFC también inició la tala de decenas de árboles dentro de la cárcava central de La Aurora. Mientras Calderón anuncia que sembrará 6.000 árboles, mediante grandes vallas de las avenidas de la ciudad, destruye un bosque consolidado que se conectaba con la Reserva Forestal, en una muestra temprana del tipo de sustentabilidad que la empresa promovería en los proyectos que se empeña en realizar en esta zona. Todo esto sumado a las denuncias penales y amenazas que la compañía ha interpuesto contra algunos opositores, reflejan una actitud de “¡Acá mandamos nosotros!”, que le resta valor a la discusión pública y le impone presiones inmorales al debate ciudadano.

La suerte de la construcción en la zona adyacente a Río Blanco será determinada por un juez, a quien le corresponderá decidir si se puede adelantar un proyecto de urbanización en un área que fue definida como zona rural en el POT. La lógica, los precedentes y las normas indican que sería contradictorio permitir una urbanización en una zona en la que hoy no se puede construir por mandato de las autoridades. Esperemos que la justicia actúe en derecho y garantizando la prevalencia del interés general, y que Felipe Calderón no siga judicializando el debate por opiniones como las expresadas en este espacio.

Coletilla: los resultados del Panel de Opinión de la firma Cifras y Conceptos indicaron que mi columna en LA PATRIA es una de las más leídas de Caldas. Mil gracias a los líderes de opinión y a los lectores.